La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha defendido que tanto ella como su Consejería están realizando una gestión "firme y segura", al tiempo que ha defendido que su prioridad debe ser en este momento "volcarse con toda la ciudadanía" y no dejar "a nadie atrás".
Así ha respondido Sánchez este jueves, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa, después de que el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, haya pedido su dimisión por su "insensibilidad demostrada" respecto a la gestión del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Sánchez ha recordado que el año pasado fue el del "pico más alto" de presupuesto para el Ingreso Mínimo de Solidaridad, con más de 17 millones y 4.000 perceptores, y ha insistido en que con la llegada del Ingreso Mínimo Vital su trabajo es "favorecer la transición" de una prestación a otra, pero insistiendo en que hay distintas ayudas que sirven como "paraguas" mientras las personas se incorporar de una a la otra.
Sánchez ha aclarado que la decisión de no crear otra convocatoria para el Ingreso Mínimo de Solidaridad es "evitar duplicidades" con las peticiones para el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central.
"Si incorporamos a una persona al Ingreso Mínimo de Solidaridad, cuando solicite el Ingreso Mínimo Vital tiene que notificarlo como ingresos y no tendría derecho", ha explicado, razonando que lo que se está haciendo es ayudar a los solicitantes a incorporarse al Ingreso Mínimo Vital porque es "más beneficioso" que el ingreso regional, ya que es "una renta garantizada" y no hay una convocatoria anual.
"Está planteada como indefinida mientras se sigan manteniendo todas las condiciones que han dado lugar a esa renta, no tienen que volver a solicitarla y a renovar. Es una renta mucho más garantista", ha abundado.
Por todo ello, ha insistido, se ha decidido no incorporar a más personas al Ingreso Mínimo de Solidaridad, aunque ha reiterado que las personas que tienen concedida esta prestación la siguen cobrando mientras no se hayan sumado al Ingreso Mínimo Vital que, ha añadido, podría llegar a 40.000 familias castellanomanchegas cuando esté totalmente implantado.
"Nosotros desde Castilla-La Mancha tenemos que complementar, tener ayudas económicas para esas familias que se puedan quedar fuera. No se van a quedar desamparadas", ha asegurado, citando entre estas ayudas las de emergencia o las ayudas de emergencia excepcionales COVID, que cuentan con un presupuesto de 15 millones.
17.000 FAMILIAS BENEFICIARIAS
En este punto, Aurelia Sánchez ha defendido que el Gobierno regional ha facilitado que 17.000 familias se puedan beneficiar de las prestaciones de su consejería, vaticinando que antes de que termine el año este número pueda llegar hasta las 25.000.
Así, actualmente se están prestando 1.432 ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad, 6.401 ayudas de emergencia COVID, 2.621 ayudas para paliar la pobreza energética, 1.396 ayudas de emergencia social y 5.348 prestaciones del Ingreso Mínimo Vital.