El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha presentado la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2019 en sede parlamentaria, donde ha abordado datos sobre la evolución del trabajo en este departamento a lo largo del pasado ejercicio, poniendo el acento en que pese al aumento de 85 a 88 efectivos en el cuerpo --tras aumentar una plaza en Toledo, Guadalajara y Albacete--, la región se queda aún lejos de los cien fiscales que le harían cumplir la ratio media a nivel nacional de 5 por cada 100.000 habitantes.
En rueda de prensa previa a su participación como ponente en la Comisión de Asuntos Generales, Martínez ha destacado que en 2019 se ha completado la implantación de la nueva oficina fiscal como modelo organizativo; añadiendo que ya se ha completado el proceso de reforma en los edificios judiciales de Guadalajara y Albacete, "que entrarán en funcionamiento en lo que queda de 2020".
Ha recordado en este punto cómo en 2006, año en el que estrenó su cargo, asistió a la inauguración de los juzgados de Toledo, tras lo que vinieron nuevas obras en Ciudad Real y Cuenca.
Con estas cuentas, considera que "Castilla-La Mancha ya cuenta con edificios judiciales acordes con la importancia del Poder Judicial, al menos en las capitales". Eso sí, ha advertido que aún quedan actuaciones "importantes" por hacer en las sedes judiciales de Talavera de la Reina y Manzanares.
IMPULSO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Martínez ha puesto de manifiesto que a lo largo de 2019 se produjeron importantes avances en la incorporación de nuevas tecnologías al trabajo diario, lo que permitió al sistema estar preparado para afrontar el confinamiento de 2020.
Como otros hitos del trabajo de 2019 ha citado la consolidación de la sala civil y penal del TSCJM como órgano superior en el orden penal, que ya tramita un "importante número de recursos de apelación contra sentencias dictadas por audiencias provinciales".