El juzgado de instrucción número 2 de Toledo ha abierto diligencias penales para investigar la gestión llevada a cabo durante la pandemia del coronavirus en la Residencia Social Asistida San José de Toledo, dependiente de la Diputación, tras la denuncia presentada por cinco familias de víctimas del COVID-19 que acusan al centro de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.
El abogado que representa a las familias, Francisco González, ha informado que en una resolución fechada el pasado 4 de septiembre, el juzgado toledano le ha comunicado el inicio de la apertura de diligencias de investigación sobre los hechos objeto de la denuncia y la consecuente depuración de responsabilidades.
La denuncia fue presentada el 16 de junio de 2020 por el letrado en representación de cinco familias de fallecidos por COVID-19 contra el gerente de la residencia, la diputada de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social en el gobierno de la Diputación de Toledo, la diputada de Bienestar Social y Sanidad en la RSA y la propia Diputación de Toledo, institución responsable de este centro.
Entre los denunciantes se encuentra Resurrección Ruano, cuyo esposo, de 66 años, falleció el 14 de abril tras permanecer 17 días confinado, sin que la familia recibiera apenas información sobre su estado de salud y sin ser trasladado a un hospital.
También firma la denuncia Antonio García, cuya madre, de 93 años, se contagió de COVID-19 en la RSA y que, cuando la familia consiguió que fuera trasladada a un hospital, presentaba síntomas de deshidratación y una grave infección de orina sin tratar. Falleció el 8 de mayo
La RSA San José registró durante el estado de alarma 61 fallecimientos, 22 confirmados de COVID-19 y 31 sospechosos, a los que hay que sumar otras ocho defunciones por causas naturales. El 7 de septiembre la Diputación de Toledo comunicaba un brote de 65 casos positivos.