El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, reiteraba hoy con fuerza desde la localidad toledana de Ocaña que es urgente que “cambie la normativa” para acabar con el grave problema de la ocupación ilegal de viviendas que sufren muchos pueblos de la provincia y pedía que en el Congreso se haga caso al acuerdo unánime de las Cortes de Castilla-La Mancha que piden dicho cambio. Lo hacía en un municipio como es Ocaña que padece este problema, que va más allá de la propia ocupación ilegal para haberse convertido en un cuestión de convivencia ciudadana, y donde participaba en un encuentro con alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de la Mesa de Ocaña, en el que también intervenían la vicesecretaria general y el secretario de Organización provinciales, Esther Padilla y Félix Ortega, junto al secretario local del PSOE, Juan José Rodríguez.
Precisamente, el problema de la ocupación fue uno de los asuntos que protagonizó el encuentro que mantenían los responsables socialistas de la provincia de Toledo y que plantearon con preocupación los responsables municipales de localidades de la Mesa de Ocaña en sus intervenciones y que coincidieron con el secretario general en ese necesario cambio de legislación. Gutiérrez afirmaba que las instrucciones que en los últimos días han dado la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior son para Álvaro Gutiérrez insuficientes y pedía que “se cambie la normativa, que esas instrucciones sean aún más contundentes con el desalojo de viviendas propiedades de bancos”. Por ello, reclamaba que “en el Congreso de los Diputados, el Gobierno y los grupos políticos hagan, caso al acuerdo unánime de las Cortes de Castilla-La Mancha que piden ese cambio normativo y acabar con un problema tan importante como el de las ocupaciones ilegales que afecta a la provincia de Toledo, a la provincia de Guadalajara, que afecta a toda España”, porque “no es un problema local, es un problema nacional que necesita de una solución también nacional”. Tanto Gutiérrez, junto a los alcaldes, alcaldesas y portavoces, coincidían en valorar esas instrucciones pero, tal y como explicitaba el secretario general de los socialistas toledanos, “nos parece que se queda corta, laxa, insuficiente” porque aunque aporta posibles soluciones a las ocupaciones de viviendas de propiedad particular no da respuesta a las ocupaciones de viviendas propiedad de bancos. En este sentido, el alcalde de Ocaña, Eduardo Jiménez, explicaba que “a pesar de los problemas económicos con que nos encontramos al llegar al Ayuntamiento, mayores de lo que esperábamos, hoy día la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en una de nuestras máximas preocupaciones”. Añadiendo que “estamos decididos a dar respuesta, en la medida de nuestras posibilidades, a este problema de convivencia en nuestro municipio ya que así nos lo requieren nuestros vecinos y vecinas”, y, por ello, “también pedimos que se modifique la normativa nacional para que se dé solución rápida y contundente”. Insistía el socialista que “las ocupaciones ilegales de los bancos son la inmensa mayoría” y son las que “producen el desconcierto en la población y que junto al ataque a la propiedad privada producen otros efectos que son tan importantes como es la falta de convivencia, los delitos asociados, prácticamente, la imposibilidad de vivir a los vecinos y vecinas”. Por ello, considera que hay que hacer un esfuerzo y un cambio normativo que permita que “esas ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de bancos puedan ser desocupadas de forma inmediata y contundente”.
Para Gutiérrez, “quien está ocupando una vivienda ilegalmente está cometiendo un delito, de allanamiento de morada, de usurpación, y quien comete un delito es un delincuente y hay que echarles de forma inmediata sea el propietario un particular o sea el propietario un banco”. En la ocupación de viviendas de bancos, la mayoría de las que se registran, el 95% de las mismas están vinculadas a la delincuencia, aseguraba el secretario general, para añadir que eso “están imposibilitando la vida a todos los vecinos y vecinas, a toda una sociedad”. “No se puede defender a los delincuentes y es de una ceguera absoluta política defender a los ocupas” porque “no estamos hablando de aquellas personas que tienen una necesidad de vivienda social, en absoluto, con quienes estamos a su lado y apoyamos”, de lo que “estamos hablando es del 95% de las ocupaciones que están relacionadas con la delincuencia, incluso con delincuencias organizadas, con mafias”, concluía.