La edición digital de ayer lunes en El País, bajo la firma de Fernando J. Pérez y J. J. Gálvez, nos ofrecía una información que por su interés vamos a reproducir para nuestros lectores. Uno de los elementos más peligrosos para una organización implicada en un caso de corrupción son las llamadas “viudas del poder”, en denominación del periodista de investigación argentino Daniel Santoro. Son aquellas personas que en un momento ocuparon un puesto relevante en un gobierno, un partido o una empresa, y que tras caer en desgracia, dejan, más voluntariamente que por descuido, al descubierto los secretos que las personas que ocupan puestos más altos en la institución quieren que permanezcan ocultos. El sumario del caso Kitchen, la trama de espionaje policial al extesorero del PP Luis Bárcenas, tiene en el ex número dos de Interior Francisco Martínez un ilustrativo ejemplo de estas “viudas del poder”. Martínez, secretario de Estado de Seguridad entre 2012 y 2016 cuando Jorge Fernández Díaz fue ministro del Interior y Mariano Rajoy presidente del Gobierno, quedó pronto señalado por los investigadores de asuntos internos de la policía como uno de los principales responsables de la operación encubierta que trató de arrebatar, sin ningún tipo de autorización judicial, al extesorero popular Bárcenas documentos y grabaciones que pudieran resultar comprometedores para el partido. Sin grandes asideros dentro del partido tras la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP, este brillante jurista —fue premio extraordinario en derecho y número uno en su promoción de acceso a letrado de las Cortes—, se vio despojado de su escaño en el Congreso mientras, a sus 45 años, veía cómo se le iban cerrando una tras otra las puertas de la empresa privada.
El 24 de marzo de 2019, según la Fiscalía, solicita a Rajoy y después al secretario general del PP Teodoro García Egea que no le dejen “tirado”. En ese momento de zozobra y a las puertas de una imputación formal que llegó en enero pasado, Martínez dejó constancia notarial de los mensajes que implican directamente en la trama corrupta al exministro Fernández Díaz, cuya imputación, solicitada por la Fiscalía, estudia ahora el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. También —quizá de manera descuidada, aunque es difícil de creer con todo el tiempo del que ha dispuesto para deshacerse de ellos— permitió que los mensajes de su móvil acabaran en manos de los investigadores que registraron, esta vez con autorización del juez, su domicilio el pasado 14 de marzo, una noticia que quedó prácticamente sepultada por la pandemia de covid-19.
Una de las personas con las que contactó Martínez, el 5 de junio de 2019, cuando ya se barruntaba que iba a ser imputado en esta pieza del macrosumario del caso Villarejo, fue el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. En un fragmento de la conversación, Martínez da las gracias al magistrado y le comenta: “Tú sabes que me han utilizado vilmente. Unos y otros. (…) Yo lo único que hice fue trabajar. Con un enorme coste personal y familiar. Y ahora esto”. Navarro se limitó a contestar “Lo sé, lo sé” y añadir un emoticono con una cara neutra.