La alcaldesa de Talavera y presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMPCLM), Tita García Élez, ha apoyado la elaboración de un censo de viviendas ocupadas, así como un cambio en la normativa que se adapte a la realidad actual.
En este sentido, ha declarado que es necesario trabajar con el resto de Administraciones, como la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha o la Junta de Comunidades, para detectar el número de viviendas que están ocupadas en la región. Igualmente, ha evidenciado la “necesidad de un cambio de normativa acorde a lo que estamos viviendo a día de hoy”. Esa normativa, ha dicho, es la que luego tiene que aplicarse a los casos concretos.
Así lo ha declarado García Élez tras la reunión mantenida con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca; la directora general de Vivienda, Inés Sandoval; o el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez. También han asistido, el vicepresidente de la Diputación de Guadalajara o los alcaldes de Yuncler y Horche, y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En la atención a los medios de comunicación, la presidenta de la FEMPCLM ha agradecido la convocatoria de esta reunión, así como la “sensibilidad” mostrada por el delegado ante un problema que está proliferando de forma considerable en muchos municipios de Castilla-La Mancha, convirtiéndose, en algunos casos, en su principal caballo de batalla. Por eso, ha aludido a que es “importantísimo estar coordinados” en las acciones a emprender.
La regidora talaverana ha expuesto que son los alcaldes los que, con su experiencia, están viviendo en primera persona la ocupación ilegal en sus municipios y lo que supone este problema a diario entre sus vecinos y vecinas. De este modo, ha hablado de trabajar “intensamente” desde la FEMPCLM de forma coordinada con las otras Administraciones en aras de “buscar soluciones, que es para lo que estamos comprometidos con los ciudadanos”. Antes de finalizar, ha lamentado que la ocupación se haya convertido en un “problema social” que dificulta, en muchos casos, que la población pueda convivir de forma tranquila.
DELEGADO GOBIERNO
Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca ha instado a las entidades bancarias, fondos de inversión y empresas inmobiliarias que denuncien judicialmente la ocupación ilegal de muchas las viviendas vacías que tienen en la región, pues al no reclamar como propietarios el abandono de esas residencias "no se manifiestan de forma expresa contra la ocupación" y "no se puede actuar".
Tierraseca, que ha dicho no disponer del dato exacto de viviendas que han sido ocupadas de modo ilegal en la región, pues no existe un censo, ha indicado que "entre enero de 2019 y febrero de 2020, las denuncias judiciales por ocupación de vivienda en toda Castilla-La Mancha fueron solo 134".
"Esta cifra no es real. Hay más ocupación ilegal, pero la inmensa mayoría de las instituciones financieras y fondos de inversión no denuncian la situación de ocupación de sus viviendas porque, en muchos casos les sale más rentable asumir los desperfectos que poner en marcha sus gabinetes jurídicos para defender las propiedades", ha lamentado Tierraseca, que ha alertado de que esta "dejación de funciones afecta gravemente al conjunto de la comunidad" de los municipios que lo sufren.
Por ello, tras insistir en pedir a estas entidades que denuncien esas ocupaciones, al igual ha dicho que ha hecho el Gobierno regional en el caso de las viviendas de la calle Yedra de Toledo, ha precisado que este tipo de propietarios --las entidades bancarias, fondos de inversión o inmobiliarias-- tienen la "obligación de favorecer la convivencia y mantener esas propiedades en condiciones aceptables" para garantizar la convivencia vecinal.