La convocatoria de ayudas de emergencia excepcional para poder llegar a las necesidades básicas de las familias de Castilla-La Mancha, que aprobará el Consejo de Gobierno la próxima semana, serán "ágiles" y serán una realidad antes de que acabe el mes de mayo. Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, después de que el presidente regional, Emiliano García-Page, haya mantenido una videoconferencia con representantes del sector social de la región.
Tal y como anunció este viernes García-Page, la consejera ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se va a anticipar al Ingreso Mínimo Vital para proteger a las familias de la región. "Van a ser unas prestaciones económicas por varios meses hasta que pueda llegar ese Ingreso Mínimo Vital que ha anunciado el Gobierno de España", ha recalcado Sánchez. En un primer lugar van a ser beneficiarias 3.000 familias, pero ha asegurado que en toda la comunidad autónoma van a ser miles las familias y las personas que se van a poder beneficiar de estas ayudas.
OTROS TEMAS
Otro de los temas tratados con el tercer sector ha sido la convocatoria del IRPF. Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno de España que como mínimo tienen que llegar 13 millones de euros del IRPF. "Tenemos que ser una de las comunidades compensadas", ha dicho. Asimismo, se ha hablado de los programas que están desarrollando ahora las entidades sociales en 2020 fruto de la financiación de la última convocatoria y que no se han podido desarrollar como los que tienen que ver con personas mayores o termalismo.
La región ha pedido al Gobierno y así se aprobará en el próximo Consejo Territorial que se puedan modificar y se puedan adaptar y esa financiación sirva para llegar a colectivos necesitados o para que las entidades puedan comprar EPIs tanto para los profesionales como para las personas usuarias. También, la región está a la espera de que el Gobierno de España explique que repercusión tendrá en la ciudadanía de Castilla-La Mancha la financiación 0,7 del impuesto de sociedades. Por último, la consejera ha informado de que el tercer sector va a formar parte del Consejo Social para la transición de Castilla-La Mancha.
FISCALIA
El Gobierno de Castilla-La Mancha no ha recibido por ahora ningún requerimiento oficial por parte de la Fiscalía sobre las investigaciones abiertas en distintas residencias de mayores a causa de la pandemia del COVID-19. Así lo ha asegurado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa ofrecida junto a la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández. La consejera también ha dicho que su departamento tampoco tiene constancia de las residencias a las que se les ha pedido información. "En el momento que lo tengamos, o que sea pública, lo trasladaremos", ha apuntado. No obstante, ha dejado claro que desde la Consejería se va a colaborar "plenamente" con la Fiscalía porque "está haciendo una labor de inspección que le corresponde". Finalmente, ha defendido que la mayoría de las residencias de Castilla-La Mancha lo están haciendo "muy bien", y "si hay alguna residencia que tiene que mejorar, pues tendrá que poner las medidas para poder mejorar", ha sentenciado.