El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a los presidentes de las comunidades autónomas en la octava reunión que ha mantenido con ellos, que mantendrá el déficit previsto para 2020 en el 0,2 por ciento, ya que el fondo no reembolsable de 16.000 millones que les ha prometido hoy no computará en ese déficit, según informaron a Europa Press fuentes autonómicas. En este encuentro de hoy, varios presidentes autonómicos del PP, además del presidente catalán, Joaquín Torra y del lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, se han quejado del mantenimiento del estado de alarma y han pedido que se replantee la aplicación de la legislación de excepcionalidad y recuperar la legalidad ordinaria. Además, algunos presidentes han considerado insuficiente el mantenimiento del déficit establecido y otros han pedido más concreción en el reparto de los 16.000 millones.
Es el caso del presidente catalán, quien ha considerando "insuficiente" la flexibilización del déficit autonómico al 0,2%, y frente al anuncio de 16.000 millones de euros del Ejecutivo para las autonomías, ha recordado que la Generalitat ha cifrado en 4.000 millones el coste de la crisis del Covid-19 en Cataluña. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha criticado el "uso desproporcionado" del estado de alarma y ha sugerido que "hay legislación ordinaria" para realizar la desescalada. De este modo, Feijóo se ha sumado a las voces contrarias al mantenimiento del estado de alarma para efectuar el desconfinamiento, a pesar de que Sánchez advertía este sábado que "no hay plan B".
El Gobierno abonará en tres tramos el fondo extraordinario de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas anunciado este sábado por Pedro Sánchez, de manera que los primeros 6.000 millones se abonarán en el "corto plazo" y el resto en otros dos "en la segunda parte del año". Así lo ha avanzado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una rueda de prensa junto al titular de Sanidad, Salvador Illa, tras la octava reunión telemática de Sánchez con los presidentes autonómicos.
Montero también ha detallado que el fondo se distribuirá entre las comunidades autónomas en función de "parámetros objetivos basados en los gastos ocasionados por el COVID-19" conforme a la información que hayan remitido las comunidades autónomas. En concreto, los 10.000 millones que se destinarán a cubrir gastos sanitarios se distribuirán en función de los indicadores oficiales de impacto de la pandemia y los 1.000 millones para gasto social se repartirán por criterios poblacionales. Por último, los 5.000 millones destinados a paliar la reducción de recursos propios de las comunidades autónomas por la caída de la actividad económica se distribuirán en función de los datos de caída de la recaudación.
ICO
El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el tercer tramo de avales para empresas por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe total de 24.500 millones de euros, según ha anunciado este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la octava Conferencia de presidentes de Comunidades y Ciudades Autónomas. Este tercer tramo de la línea ICO, anticipado este sábado por Sánchez, estará destinado a la concesión de créditos y el 50% del importe total irá a parar a financiación de pymes y autónomos, mientras que el 50% restante será para las empresas. De esta manera, de los 60.000 millones movilizados en los tres tramos movilizados por parte del Gobierno, habrá reservados 40.000 para pymes y autónomos y 20.000 millones de euros para el resto de empresas. El presidente del Ejecutivo anunció este sábado que el Gobierno desbloqueará una tercera línea de avales públicos, de unos 20.000 millones de euros, con el fin de garantizar la liquidez al tejido productivo ante la emergencia de la crisis del coronavirus, y que estaría reservada en su mayoría a pymes y a autónomos.
En esta tercera línea de garantías, el Ejecutivo ha decidido de nuevo reservar el 50% de los avales a pymes y a autónomos, considerado el colectivo que más impacto está sufriendo a causa de la crisis económica generada por el coronavirus. Una vez se habilite el tramo, se habrá consumido ya más del 60% de los 100.000 millones de euros del programa de ayuda de financiación a las empresas. Esta línea está gestionada por el ICO, en colaboración con las entidades financieras, las cuales asumen el coste del aval, que se sitúa en un rango de entre 20 y 120 puntos básicos. El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
De igual forma, el Gobierno habilitará una línea de unos 4.000 millones de euros para cubrir los créditos canalizados por el sistema de financiación basado en pagarés del mercado alternativo de renta fija (MARF). Estos 4.000 millones de euros se enmarcan en la extensión de las líneas de avales ICO al MARF anunciada la semana pasada, con la que se pretende fomentar el mantenimiento de la financiación que se produce en los mercados de capitales al que habitualmente recurren las empresas españolas y que quedó prácticamente suspendido por la situación de emergencia sanitaria. Los 500 millones de euros restantes de esta partida de 24.500 millones de euros de avales están vinculados a avales a las sociedades de garantía recíproca por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa).