La contabilidad de los fallecidos por coronavirus está generando discrepancias en las distintas comunidades autónomas. Madrid o Andalucía, por ejemplo, sólo contabilizan como fallecidos por COVID-19 a aquellos que hayan dado positivo en una prueba de laboratorio.
Castilla-La Mancha, por ejemplo, incluye a todos los ancianos fallecidos en la estadística si presentaban síntomas compatibles con el COVID-19, aunque no se les haya hecho la prueba. Lo opuesto a Cataluña, cuyas estadísticas solo contabilizan los muertos en hospitales.
EL TSJCM PIDE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL “CONTEO”
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado de las licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de la región con motivo de la situación originada por la pandemia del COVID-19, tasando en 1.921 las firmadas con sospechas de coronavirus durante el mes de marzo con, un cifra superior a los 774 fallecidos oficiales del Ministerio de Sanidad con respecto a la Comunidad Autónoma al cierre del tercer mes del año, informa Europa Press.
De los 1.921 fallecidos, da por confirmados 965, lo que supone 189 más que la cifra oficial; si bien le suma otros 956 sospechosos.
En un comunicado, el TSJCM explica que estas actuaciones de conteo se inician a raíz de las informaciones solicitadas para garantizar el correcto funcionamiento de los registros civiles, en las que se apreciaba un desproporcionado incremento del número de licencias de enterramiento y defunciones con las consiguientes dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos.
De igual modo, se pusieron de manifiesto, desde un primer momento, dificultades para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus.
En concreto, los registros civiles de Castilla-La Mancha han expedido el pasado mes de marzo 3.319 licencias de enterramiento. Y de ese número de 3.319, en 1.921 licencias de enterramiento, el 57,9%, se recoge como causa del fallecimiento COVID-19 o sospecha compatible.
IDENTIFICACIÓN MÁS PRECISA
Como consecuencia de estos datos, se ha dictado Acuerdo por la Presidencia del Alto Tribunal dirigiendo prevención a los Jueces Encargados de los Registros Civiles para que, en lo sucesivo, se vele por que se haga una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el coronavirus.
En el expediente gubernativo abierto por la presidencia del TSJCLM se encomienda a los Institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara, y de Ciudad Real y Toledo, y a los médicos forenses, la colaboración necesaria con los registros civiles para que pueda quedar constatada la causa inicial o fundamental del fallecimiento en los supuestos de las defunciones ya inscritas desde el día 1 de marzo de 2020 en los que aparecieran sospechas o factores racionales de probabilidad de COVID-19.
También se ha acordado trasladar este Acuerdo al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El TSJCM resalta igualmente la función que están realizando los jueces encargados de los Registros Civiles y los funcionarios y personal a su servicio, así como la de los Juzgados de guardia que ejercen como Registros fuera del horario de los mismos, muchas veces sin medios de protección individual.