La Federación Empresarial Toledana (FEDETO) califica de “improvisadas” y “puramente electoralistas” las decisiones que adopta el Gobierno central para amortiguar la imparable caída económica, empresarial y laboral. Para FEDETO el decreto-ley aprobado el viernes también adolece de una parcialidad que, “con apariencia de legalidad, sobrepasa las prerrogativas constitucionales” generará "más paro y destrucción de empresas".
FEDETO entiende que “si el Gobierno quisiera ser justo y estar respaldado por la legalidad constitucional que, exige la proporcionalidad para adoptar medidas excepcionalísimas con el pretendido objeto de mantener el empleo, debería de haber actuado de otra forma”.
En este sentido la patrolnal Toledana añade que su decisión de prohibir los despidos en el estado de alarma -o más bien de considerarlos improcedentes- debería estar acompañada de medidas excepcionales para paliar las consecuencias de esas decisiones, como por ejemplo, que se suspendan las cotizaciones a la Seguridad Social o el pago de los impuestos. “Si no, con lo que nos encontramos es ante una medida que, a todas luces, sobrepasa las potestades que el estado de alarma otorga al gobierno, convirtiéndose la medida en un abuso de poder que roza lo inconstitucional y por tanto lo injusto”.
“Las empresas no desean despedir. Lo hacen sólo si es necesario hacerlo”, recarca FEDETO. Por ello insisten en que sesde que se decretó el estado de alarma FEDETO ha propuesto medidas para evitar la destrucción de empresas y empleo, pero que “el resultado, dos semanas después es que no se ha adoptado medida alguna en este sentido”.
Por último, FEDETO critica que se pretendan revisar las causas de los ERTES de fuerza mayor principalmente, cuando precisamente dichos ERTE están sometido a la constatación por parte Autoridad Laboral, previo informe (si se solicita) de la ITSS, de la existencia de la causa de fuerza mayor. “Dicha revisión, salvo fraude, dolo o coacción por parte de la empresa solicitante, sería una enmienda a la totalidad a la actuación de la Autoridad Laboral y de la ITSS, pero nunca a la de las empresas”.