Las personas por las que trabaja Médicos del Mundo en España viven en condiciones muy frágiles. En 2019 atendimos a más de 3.000 personas sin hogar en las ciudades de Valencia, Vigo, Sevilla, Almería, Almendralejo, Palma de Mallorca y Albacete. La mayoría subsisten en alojamientos precarios -chabolas, campamentos, asentamientos temporales, viviendas ocupadas o en la misma calle-. En su vida cotidiana, tienen dificultades para acceder al agua y a condiciones de higiene aceptables, a la comida y, por supuesto, a la atención sanitaria. Tras la declaración del estado de alarma, pedimos al Gobierno que dé prioridad a estas personas especialmente vulnerables, que además están menos informadas sobre las medidas que deben adoptarse en situaciones como la actual. La mayoría de las personas sin hogar no acceden habitualmente a los centros de salud, sino que son atendidas a través de los servicios de urgencias en una situación grave o extrema. Un 24,3% de las personas sin hogar de nacionalidad española y un 75,7% de otras nacionalidades no tenía tarjeta sanitaria, según el Instituto Nacional de Estadística. Además, soportan una elevada estigmatización social. En un contexto de saturación de los recursos de salud para atender la epidemia, ese rechazo social puede dificultar aún más la atención sanitaria que requieren, dando lugar a que no resulten atendidas personas contagiadas por el virus. También pueden tener problemas para cumplir las medidas preventivas, como lavarse las manos con regularidad, cuando dos tercios de los barrios de chabolas no tienen acceso al agua.
Personas migrantes sin acceso al sistema sanitario
Existe otro importante colectivo de población excluida de la cobertura del sistema nacional de salud, como son las personas inmigrantes a quienes la actual legislación todavía les niega la tarjeta sanitaria. Tal como ya ha demostrado Médicos del Mundo, junto a las más de 300 organizaciones que integran la red REDER, no son casos aislados y llegan de todo el país. Desde la entrada en vigor del RDL 7/2018, en agosto de 2018, hemos documentado al menos 1.890 casos de exclusión sanitaria, incluyendo los de 60 mujeres embarazadas, 122 menores de edad o 90 personas que requerían asistencia de urgencias, todas ellas por no poder documentar que viven en España el mínimo de tres meses que se les exige. Ese número corresponde a las situaciones de las que hemos tenido constancia, aunque sospechamos que el número real es mucho mayor.
Particularmente preocupante es la situación de las personas mayores que han llegado a España fruto de un proceso de reagrupación familiar a quienes, a pesar de estar en situación regularizada, se les niega el derecho al acceso al sistema público de salud. Los seguros médicos privados que están obligadas a contratar no ofrecen la cobertura que requieren habitualmente, quedando especialmente desprotegida frente al Covid-19 una población declarada de alto riesgo frente a este nuevo virus. En el contexto de la actual epidemia, se hace especialmente necesario garantizar la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa. Solo desde una atención sanitaria verdaderamente universal podremos proteger la salud de todas las personas, empezando por las más vulnerables.
Confiamos en que los recursos económicos extraordinarios aprobados por el Gobierno sirvan para que las autonomías adopten medidas dirigidas específicamente a las poblaciones más vulnerables y excluidas del sistema de salud por diferentes tipos de barreras: falta de acceso en asentamientos irregulares, barreras culturales o lingüísticas, rechazo social, etc.
La sanidad pública y de cobertura universal, crucial
Además, esta situación epidémica se produce en un contexto en el que el sistema nacional de salud se resiente de las políticas de recortes de los últimos años, cierre de camas y reducción de plantillas en hospitales y centros de salud. Lo que podemos aprender de la pandemia mundial del coronavirus Covid-19 es que los sistemas de salud pública fuertes tienen la capacidad de resistencia necesaria para hacer frente a las amenazas masivas a la salud con las respuestas colectivas que requieren. De igual modo, demuestra la importancia de contar con un sistema efectivamente universal, que garantice el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que se encuentran en nuestro país, independientemente de comunidades autónomas, o de su situación administrativa, como la estrategia más eficaz para afrontar este tipo de crisis sanitarias. Las epidemias no entienden de fronteras.