El Ayuntamiento de Talavera tendrá que hacer frente al pago de 12 millones después de que el Tribunal Supremo haya desestimado
el recurso de casación presentado por el Consistorio contra la sentencia que le obligaba a pagar una demanda de Comisiones Obreras (CCOO) contra los contratos del Plan de Empleo realizados por el Gobierno de Jaime Ramos durante los años en 2016 y 2017.
La portavoz del Equipo de Gobierno, Flora billón, ha explicado este martes en rueda de prensa que el Tribunal Supremo, que ni ha admitido el recurso de casación que el anterior Gobierno del Partido Popular interpuso contra los recursos de suplicación dictados por el Juzgado de lo Social. Y que ante tal decisión, el Gobierno local tendrá que “acatar la sentencia”.
A este respecto, la portavoz ha explicado que los servicio de intervención ya se han puesto a trabajar con tesorería, para ver cómo se afrontará el pago, “posiblemente a lo largo del tiempo”.
Hay que recordar que la demanda de CCOO pedía compensar a los trabajadores -unos 2.000- por haber realizado tareas para las que no fueron contratados por el Ayuntamiento "popular". De hecho, Bellón, ha cargado contra los anteriores gestores del Partido Popular "
por la nefasta gestión que hicieron”, y ha pedido a Jaime Ramos -exalcalde- y Santiago Serrano -exportavoz del Gobierno municipal- que expliquen cómo ha pasado esto en la ciudad y durante su mandato.
Bellón ha lamentado que el Ayuntamiento tenga que hacer frente “a una indemnización millonaria” -12 millones de euros,
aunque cuando salieron las sentencias se habló de 15 millones-, en relación sentencia dictada por el Juzgado de lo Social en 2018, y que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el mes de marzo de 2019.
En este sentido, la portavoz municipal ha remarcado que esta decisión “hipoteca a la ciudad”, y ha remarcado “la falta de compromiso del anterior Gobierno del Partido Popular”, por la “desorganización de los planes de empleo”, y la falta de realización de los proyectos con autonomía y sustantividad propia, ya que, ha recordado “empleaban a los trabajadores de los planes de empleo para hacer trabajos permanentes de este Ayuntamiento”.
EL PP SE DEFIENDEEl portavoz del GMP, Santiago Serrano, ha dejado claro que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha “gobernada por el PSOE es la administración que aprueba las bases de los planes de empleo, y el Ayuntamiento consultó al Gobierno regional antes de acogerse a la convocatoria de los planes de empleo para saber si la remuneración de los trabajadores era correcta”. La respuesta de la Junta “fue favorable, por lo que el Consistorio se acogió a los planes de empleo atendiendo a la consulta a de la junta, a la legalidad y a los informes de los técnicos”.
Serrano ha reiterado que la Junta de Comunidades “es la administración que diseña esos planes de empleo, y si no hubiera dado el visto bueno al Ayuntamiento no nos hubiésemos acogido a esa convocatoria y el Ayuntamiento no estaría hoy condenado a pagar el dinero que se le exige”.
También ha recordado que desde el Ayuntamiento se remitió un escrito a la Junta el 7 de junio de 2018 “antes de que el Ayuntamiento se acogiera al plan de empleo” para consultar sobre la valoración de la remuneración de los trabajadores del mismo”. “La Junta respondió que se estaban haciendo las valoraciones económicas en el sentido de las bases de la propia orden del gobierno regional, y por lo tanto actuamos como nos dijo la Junta que lo hiciéramos”.
También se ha referido a las declaraciones del entonces portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando que mostró su apoyo al Ayuntamiento de Talavera, “ante a lo que todas luces es una sentencia injusta para Talavera”, ha dicho Serrano que nuevamente ha pedido al gobierno regional “que asuma su responsabilidad en este caso porque fue la administración que aprobó las bases de los planes de empleo y quien le dijo al Ayuntamiento que actuaba correctamente”.
Ha apuntado también que los trabajadores de los planes de empleo de Talavera “eran los mejores pagados de Castilla-La Mancha; y desde el Ayuntamiento hicimos todo conforme a la legalidad, por lo que si hay algún defecto la responsabilidad es de la Junta que fue quien elaboró las bases y confirmó que la valoración de la remuneración de los trabajadores era correcta”.