La Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de Castilla-La Mancha (ASOCAMAN) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de Talavera de la Reina por el desmantelamiento de sus instalaciones en el antiguo Mercado hace siete años.
Así lo ha anunciado la portavoz municipal, Flora Bellón,, quien ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha tomado conocimiento, por trámite urgente, de la nueva demanda presentada por ASOCAMAN y ha recordado que este colectivo había demandado al Consistorio alegando el incumplimiento de un convenio que se suscribió en 2005, entre Ayuntamiento, Diputación y Junta, por el cual se financió la construcción del centro hípico y se cedía de forma gratuita el espacio “mientras existiera actividad”, ha subrayado la portavoz.
ASOCAMAN ya reclamó por responsabilidad patrimonial cuando el Ayuntamiento dio por resuelto el contrato, ya que “allí no se realizaba actividad alguna y estaban cerradas las instalaciones”, todo basándose en un dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y que propició y avaló la desestimación de las reclamaciones al Consistorio. Sin embargo, ahora vuelven a reclamar contra la desestimación del Ayuntamiento por otras peticiones que había hecho en materia de responsabilidad contractual y extracontractual (daños y perjuicios ocasionados por el cierre que ellos entienden no se ajustaba a derecho). Ante eso, la Junta de Gobierno ha acordado personarse, remitir todo el expediente y nombrar abogado y procurador para defender los intereses del Ayuntamiento.
La portavoz ha explicado que ASOCAMAN abre ahora esta vía judicial e insiste en una responsabilidad que el Ayuntamiento no entiende como tal, puesto que “el convenio estaba cumplido”. “Se les construyó el centro hípico y se les cedieron gratis los terrenos mientras se prestara la actividad hípica, pero en el año 2012 se constató que el centro había cerrado, que allí no se realizaba ningún tipo de actividad, ni había personas ni animales”. Incluso, se tuvo conocimiento de que la empresa había tramitado varias resoluciones de contratos laborales y había expedientes en el Fogasa. Por tanto, “al no realizarse ya la actividad, el Ayuntamiento resolvió el contrato y recuperó el terreno”.