Castilla-La Mancha descarta denunciar al Estado

El vicepresidente de Castilla-la Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado este jueves en Cuenca que el Gobierno regional no se ha planteado acudir a los tribunales para requerir al Estado las entregas a cuenta correspondientes a este año y que no se pueden ingresar al estar el Gobierno en funciones.

Al contrario de lo que ha ocurrido en la Generalitat de Cataluña, que ha llevado al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez a los tribunales por la financiación, Martínez Guijarro ha abogado por darle a un problema derivado de una situación política una solución también política.

En este sentido, ha aseverado que desde Castilla-la Mancha se defiende "de una manera clara que quienes no están en funciones son los diputados y senadores", a quienes ha pedido que "si hay que hacer una modificación legislativa para darle capacidad legal a un gobierno en funciones para que no se vea entorpecida la prestación de servicios esenciales como sanidad o educación, hágase".

Del mismo modo, Martínez Guijarro ha reiterado que las Cortes Regionales "no están en funciones", asegurando que tienen que estar "plenamente operativas" y que entre sus funciones "se encuentra la legislativa".

"Si hay que dotar de capacidad a un gobierno en funciones para que garantice la prestación de esos servicios, que se haga por parte de las Cortes Generales para que de una vez por todas el sistema de financiación no tenga que tener estos estrangulamientos por la situación política que se dé a nivel nacional", ha proseguido el vicepresidente de Castilla-la Mancha.

A su vez, ha asegurado que desde el Gobierno regional "no se comparte al cien por cien el criterio de la Abogacía del Estado" aunque "se respeta", reiterando que "quienes no están en funciones son las cortes generales", quienes "tienen capacidad para otorgar esa capacidad a un gobierno en funciones para que así pueda aportar la financiación necesaria a las comunidades autónomas".

Asimismo, Martínez Guijarro ha opinado que esta "no es una cuestión que se tenga que resolver en los tribunales", ya que, a juicio del vicepresidente, "tiene que buscarse una solución política".

RECONOCE "PRESIONES PRESUPUESTARIAS FUERTES" DEL GOBIERNO
Por último, el vicepresidente regional ha asegurado que el Gobierno de España "está sometiendo a la región a presiones presupuestarias fuertes" que pueden generar "verdaderos problemas para finalizar el ejercicio presupuestario".

Ha señalado que dejar de percibir los 360 millones de euros que tienen que ser ingresados por parte del Estado a la financiación autonómica "supone verdaderas dificultades".

Por eso, desde el Gobierno regional ha hecho un llamamiento "para que a nivel nacional se busque una solución a esta situación para evitar dificultades en la prestación de servicios básicos a los ciudadanos de Castilla-la Mancha" y ha asegurado que la Junta trabajará para que los ciudadanos "noten estas dificultades presupuestarias lo menor posible".