El director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, ha mantenido una primera reunión con el Consejo Regional de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha, que representa a nueve entidades de consumidores en la región. En este encuentro, entre otros asuntos, se ha tratado la participación de estas asociaciones en el programa de prevención del desperdicio alimentario y el aprovechamiento eficiente de los excedentes alimentarios.
Esta reunión se inscribe dentro de la interlocución directa que desde esta área de Desarrollo Sostenible se quiere impulsar con las organizaciones de consumidores y usuarios castellano-manchegas para promover la producción y el consumo responsables, uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030 de la ONU, según ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.
En esta transición hacia hábitos de consumo sostenibles, el consumidor desempeña un papel esencial como agente activo en la toma de decisiones. Una visión, la del empoderamiento del consumidor, que entronca con la línea política que define al departamento de Agenda 2030 y Consumo del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Durante el encuentro al que ha acudido el presidente del Consejo Regional de Consumidores y Usuarios, Pedro Romero, se han abordado varios asuntos como el apoyo al asociacionismo de consumo para mejorar la gestión de estas entidades e incorporar iniciativas de consumo responsable y Agenda 2030 o el fomento del empoderamiento del consumidor, a través de acciones encaminadas a un cambio de los hábitos de consumo para que se basen también en criterios sociales y ecológicos.
Además, se ha tratado la participación de estas asociaciones en el programa de prevención del desperdicio alimentario y el aprovechamiento eficiente de los excedentes alimentarios en el ámbito doméstico o implementar iniciativas dirigidas a los colectivos vulnerables para progresar en la atención y las habilidades comunicativas de los consumidores con discapacidad.
Finalmente, se ha acordado poner en funcionamiento puntos de atención al consumidor en aquellas poblaciones rurales que carecen de oficinas de información al consumidor, mediante sistemas de telepresencia con los que sea posible resolver cuestiones de consumo sin necesidad de desplazamientos.