La Comisión de Transparencia, Hacienda y Buen Gobierno, presidida por Ángel Luengo, ha dictaminado favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2018, confirmando los resultados de una excelente gestión económica a lo largo de toda la legislatura, que cuando finalice habrá saneado las cuentas provinciales, generando mayores inversiones en los municipios y el aumento de los servicios públicos.
La responsabilidad demostrada y el rigor presupuestario de los recursos públicos de la Diputación de Toledo han permitido la reducción de la deuda al mínimo histórico sin renunciar al perfil más social y útil de la política desarrollada por el Gobierno de Álvaro Gutiérrez, comprometida con las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas, y atendiendo las demandas de los ayuntamientos, que han visto incrementadas las ayudas para la ejecución de obras de progreso y mejora de la calidad de vida.
El tercer año de gestión completa del Gobierno provincial ha arrojado un superávit, según ha señalado el vicepresidente Ángel Luengo, de 30.745.053,87 euros, superando en más de 24 millones de euros al resultado presupuestario obtenido con ocasión del cierre del ejercicio 2015, recién estrenada la presente legislatura.
Por otro lado, Luengo se ha referido al Remanente de Tesorería, indicador de la capacidad del ahorro, para indicar que “al cierre del ejercicio de 2018 se ha fijado en 17.114.997,26 euros, superando en 337.000 euros a la del ejercicio presupuestario anterior y en más de 6 millones de euros la obtenida en 2015”.
Estos números han permitido al Gobierno de la Diputación apuntalar las políticas desarrolladas y mantener la línea de apoyo a los municipios, respondiendo a las demandas reales de los ayuntamientos para dar respuesta a las necesidades reales de las personas, una prioridad que ha marcado la legislatura de Álvaro Gutiérrez.
Ángel Luengo también ha querido destacar el alto grado de inversiones locales, que si en 2018 superó los 50 millones de euros en este 2019 esa cifra se verá reforzada con cerca de 9 millones de euros procedentes del Remanente de Tesorería, “completando así el esfuerzo inversor que este Gobierno pretende poner al alcance de los ayuntamientos de nuestra provincia”.
En lo que se refiere al estado de la deuda hay que mencionar que el actual gobierno provincial heredó una deuda de 52.284.212,68 euros, reduciéndose considerablemente a 31 de diciembre de 2018, hasta alcanzar los 22.625.773,29 euros.
Manteniendo el normal cumplimiento de los cuadros de amortización a finales del 2019 la deuda podría reducirse hasta los 16 millones de euros, una conquista que determina la buena gestión que se ha realizado en esta legislatura, logrando que la deuda amortizada con entidades financieras se haya reducido en más de 35,82 millones de euros, que equivale al 68,5% de la deuda encontrada al inicio del mandato, consiguiendo uno de los niveles de endeudamiento más bajos de la historia de la Diputación.
Para el vicepresidente “la reducción de la carga financiera mejora los ratios de solvencia de la administración al mejorar considerablemente la salud económico-financiera y presupuestaria de la Diputación, que apuntan en la línea de devolverle la dignidad y utilidad a la Institución”.
Los logros económicos, unidos al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y un cumplimiento del período medio de pago mensual a proveedores en 3,30 días confirman la excelencia de una gestión moderna y acertada.
En resumen, Luengo confirma unos datos “que ponen de manifiesto el excelente resultado económico financiero, con una reducción de la deuda al mínimo histórico, un remanente de Tesorería para consolidar una política de cambio social y de apoyo a los ayuntamientos para gastos en inversión productiva, infraestructuras y equipamientos públicos municipales”.
Y ha sentenciado que “se ha consolidado y reforzado los servicios públicos supramunicipales de competencia local prestados a los ayuntamientos, se ha fomentado la cohesión social mediante el impulso de las actuaciones de protección y promoción social, así como las prestaciones de servicios socio-sanitarios y la promoción y fomento del empleo”.