Esta misma semana tuve la ocasión de dialogar con miembros de una organización ecologista sobre la idoneidad o no de la adquisición de las ‘famosas’ islas del Tajo por parte del Ayuntamiento. Convinimos, con pocas dudas, que el momento no era el idóneo pero que se puede considerar interesante integrarlas como patrimonio público con vistas al futuro. Y aquí entró la cuestión de peso. Porque, para llevar a cabo un proyecto como el premiado ‘Cuando el Río Suena’ que se lanzó en 2014 y se adjudicó en 2016, hace falta dinero y ahí está el embuste. Entre los dirigentes populares de la CHT de esa época (los mismos que idearon la malograda playa), y los del Ayuntamiento (Jaime Ramos y cia.) junto a la Delegación del Gobierno de entonces, con José Julián Gregorio a la cabeza, nos vendieron una ‘moto sin ruedas’.
Todos ellos sabían que el proyecto se quedaría sólo en el papel premiado y la redacción del mismo. 700.000 euros para guardar en un cajón porque para lo importante, ejecutarlo y –por consiguiente– que los talaveranos lo disfrutáramos, no había presupuesto alguno. Unos veinte millones de euros habría que haber destinado para el asunto pero ni estaban ni se les espera desde entonces. Así las cosas, ¿para qué se convocó un concurso y para qué se compran ahora las islas? ¿Para hacerse fotos? Más de lo mismo.
Pero hay más. Porque Ramos ha asegurado que gobiernos anteriores al suyo ya ‘intentaron’ comprar las islas sin éxito. Nada que se le parezca, más bien todo lo contrario. La familia propietaria de los terrenos los ofreció a anteriores gobiernos en permuta proponiendo negociaciones para su beneficio. No cuajó.
Esto de esconder las verdades te hace correr el riesgo de que te pillen con el carrito del helado.
Algo así como ha ocurrido días atrás, cuando se convocaba la Junta de Gobierno Local con un tercer punto del orden del día que rezaba textualmente “contratación de suministros de productos para el tratamiento de Agua de las Piscinas y Limpiezas de Instalaciones; conflictos de intereses; y prohibición de contratar del adjudicatario” y que, podrán imaginar, aludía al conocido como ‘caso cloro’ y que misteriosamente fue eliminado y sustituido por un tema de sanidad. Esa es la tan cacareada transparencia de Ramos Torres y Serrano Godoy.