Los peajes de ocho de las nueve autopistas quebradas y rescatadas por el Estado bajarán mañana una media del 30% y se podrá circular gratuitamente por ellas entre las 0.00 y las 6.00 horas, a partir de este martes, 15 de enero.
La rebaja se aplica a las cuatro autopistas radiales de Madrid, la M-12 que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la AP-36 entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete), el tramo de la AP-7 entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería), y la Circunvalación de Alicante. A ellas se sumará la AP-41 Madrid-Toledo cuando próximamente concluya el proceso de liquidación de su actual concesionaria y la vía sea también rescatada.
Las autopistas públicas se escapan así de la subida media del 1,67% que se aplicó al peaje del resto de vías de pago del país el pasado 1 de enero.
RECUPERAR SU USO
Con esta bajada, Fomento pretende igualar los distintos peajes que cada una presentaban e incentivar el aumento de su tráfico con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de estas infraestructuras
En 2018, a cierre del pasado mes de octubre, los últimos datos disponibles de Fomento, algunas de estas vías registraban caídas del tráfico de entre el 1,01% y el 22%. Es el caso de la radial R-3 Madrid-Arganda, la R-5 Madrid-Navalcarnero y la Ocaña-La Roda.
En términos absolutos, el número de usuarios oscila entre los 1.157 vehículos que, de media, transitan cada día por la Madrid-Toledo y los 22.125 que diariamente toman la autopista entre Madrid y el aeropuerto.
GASTO DEL RESCATE
Por otro lado, el Ministerio de Fomento contará con seis meses más para calcular y pagar la 'factura' que supondrá para las arcas públicas el rescate de las autopistas de peaje que quebraron durante la crisis y actualmente explota el Estado, estimada en más de 2.000 millones de euros. El plazo del Departamento que dirige José Luis Ábalos para determinar este importe, que inicialmente terminaba en la segunda mitad de este mes de enero, se extenderá hasta julio, según informaron fuentes del Ministerio. El monto pendiente de calcular es el que el Estado tiene que pagar a las concesionarias que tenían estas autopistas por la inversión que realizaron en su construcción y no amortizaron en el tiempo en el que las explotaron.
El plazo del Departamento que dirige José Luis Ábalos para determinar este importe, que inicialmente terminaba en la segunda mitad de este mes de enero, se extenderá hasta julio, según informaron fuentes del Ministerio.
Se trata de la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), un importe que Fomento inicialmente ha estimado en algo más de 2.000 millones de euros, por encima de los 1.800 millones hasta ahora calculados, pero que el sector eleva a hasta 5.000 millones.