El alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, se ha manifestado sobre el ‘caso’ cloro, asegurando que no hay tal caso y que “ se han dado todas las explicaciones posibles”.
En este sentido, ha dicho al portavoz socialista, José Gutiérrez, quien amenazó con ir a la Fiscalía si no se facilitaba la documentación requerida acerca del suministro de cloro de las piscinas, concretamente las facturas de 2017 y todo lo que llevamos de 2018, que “vaya hoy mismo -a la Fiscalía- porque va a hacer un ridículo espantoso”.
Ramos ha aseverado, en declaraciones a la Cadena Ser, que se han dado “todas las explicaciones” posibles, tanto por los concejales como por la portavoz del Gobierno, y que está la actuación está avalada por los servicios jurídicos del Consistorio.
En este sentido hay que recordar que el propio alcalde no asistió a la pasada Comisión y tampoco contestó ni a los ruegos ni a las preguntas sobre este tema, ni al portavoz socialista, ni al concejal Luis Flores, en el pasado pleno del 29 de noviembre. De hecho fue el primer edil quien aseguró que las explicaciones se darán en la próxima Comisión (el próximo viernes) que han vuelto a solicitar los socialistas, “y las preguntas que queden sin respuestas las tendrán en el próximo pleno”.
Entre las preguntas que quedaron sin respuesta están: cómo se ha realizado el suministro de cloro desde enero de 2017 o a qué empresa se ha contratado ni qué precios se están pagando.
También hay que recordar que la “única” duda que se resolvió en la Comisión de Seguimiento del Alcalde, Junta de Gobierno y concejales delegados, es la confirmación, por parte de los miembros de la Junta de Gobierno,del conociemineto del parentesco existente entre la empresa DROJU S.A. y el concejal Santiago Serrano”. Sin embargo, el Gobierno Ramos eludió contestar a preguntas como, por ejemplo, si se comunicó la relación de parentesco, si Serrano se abstuvo de intervenir en las Juntas de Gobierno en las que apareció este asunto o si se denunciará a la Fiscalía la presunta falsedad de la empresa tras haber presentado una declaración jurada en la que se afirmaba que no estaba incursa en causa de prohibición.