El Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su más absoluta repulsa ante la agresión sufrida por dos médicos en la noche del jueves en el Centro de Salud de Santa Olalla (Toledo), y confirma que se personará como acusación particular en el caso de apertura de un procedimiento judicial tras este deleznable suceso.
El Ejecutivo regional recalca su postura clara de rechazo ante la violencia, sea de la naturaleza que sea, y ha ofrecido todo su apoyo y solidaridad tanto a los profesionales agredidos, como a sus familias y a sus compañeros del Centro de Salud, al tiempo que se les ha ofrecido el asesoramiento legal y el soporte jurídico y administrativo que precisen en estos momentos.
La región cuenta con el ‘Plan Perseo’, un plan específico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) en caso de agresiones, cuyo objetivo es actuar con la máxima contundencia y celeridad ante hechos de esta naturaleza, como los que desgraciadamente se produjeron la pasada noche en Santa Olalla (Toledo).
Asimismo, el Gobierno, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, se encuentra en contacto permanente con la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Subdelegación del Gobierno, así como con la Gerencia del Área de Atención Integrada de Talavera de la Reina, para la que trabajan los facultativos agredidos, y con el Colegio de Médicos.
Herramientas de prevención y asesoramiento
El Gobierno regional sigue trabajando para ofrecer herramientas que permitan prevenir las agresiones y para actuar en el caso de que se produzcan.
En este sentido se enmarca la actuación del Observatorio de la Violencia integrado por representantes de varios departamentos del SESCAM, de la Consejería de Sanidad, de los Colegios Profesionales de Médicos y Enfermería, sindicatos con representación en la Mesa Sectorial y la Delegación del Gobierno, a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Asimismo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ofrece a sus profesionales un servicio de asesoramiento jurídico durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Una herramienta, en funcionamiento desde el 1 de agosto de 2017, con la que el Ejecutivo regional ha conseguido mejorar la protección jurídica que ofrece a sus profesionales en el caso de agresiones sufridas en el ejercicio de su actividad en el ámbito del sistema sanitario público de la región.