Prestó declaración a consecuencia de la denuncia realizada por el PP
Redacción La Voz del Tajo | Miércoles 23 de abril de 2014
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz toamaba declaración en la tarde de este martes al expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó y le comunicaba su imputación en la causa por delitos de administración desleal, falsedad contable y falsedad en documento mercantil por las presuntas irregularidades en su gestión al frente de la entidad.
El exdiputado socialista estuvo cerca de dos horas declarando en la Audiencia Nacional en una comparecencia en la que contestó a todas las preguntas que le formuló el magistrado. La Fiscalía Anticorrupción no solicitó ninguna medida cautelar contra él, por lo que pudo abandonar la sede de los juzgados por su propio pie.
“'Estoy satisfecho, espero que todo este proceso acabe felizmente'”, dijo Hernández Moltó a su salida.
El abogado del expresidente de CCM, José Ángel González Franco, anunció que pedirá en cuanto pueda el sobreseimiento de la causa al considerar que su cliente ha demostrado su inocencia ante el juez.
'“Solicitaremos el sobreseimiento porque ha dejado muy clara su postura y no hay nada más, así de sencillo, ninguna de las partes ha solicitado ninguna medida, ha declarado y se ha podido marchar”', dijo el letrado.
Hernández Moltó, que estuvo al frente de la entidad desde 1999 hasta 2009, llegó a la sede de la Audiencia Nacional poco antes de las cinco de la tarde acompañado por su abogado. Antes de comparecer ante el juez dijo estar “tranquilo” y dispuesto a declarar.
Tras la declaración del expresidente de CCM, el magistrado Pablo Ruz tomó declaración al ex director general de la entidad Ildefonso Ortega, quien también ha sido imputado en la causa por delito de administración desleal, falsedad contable y falsedad en documento mercantil.
El juez admitió a trámite el pasado mes de diciembre la denuncia presentada por seis consejeros de CCM y decidió investigar a los antiguos responsables de la entidad, que fue intervenida el 29 de marzo de 2009 por el Gobierno tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.
El juez concluyó al admitir a trámite la demanda que los 7.100 millones de euros que la entidad necesitó para ser rescatada demuestran “de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil”. Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España tras la intervención de la entidad.