La Junta y la Delegación del Gobierno quieren garantizar los derechos de los asalariados del campo

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabajará de forma conjunta y coordinada con la Delegación del Gobierno en la región para garantizar los derechos de los asalariados del campo.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha asistido como invitado a la reunión mantenida hoy en la Delegación del Gobierno en la región de la Comisión de Coordinación de Flujos Migratorios en Campañas Agrícolas en la que, junto al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, han estado presentes los representantes de las organizaciones agrarias, sindicales, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Inspección de Trabajo.

Francisco Martínez Arroyo ha destacado la importancia de este encuentro dado que el agrícola es el “sector más importante desde el punto de vista económico” en Castilla-La Mancha y el que llega a contratar alrededor de 40.000 trabajadores asalariados para hacer frente a las campañas que se realizan en la segunda mitad del año, como el ajo, el melón o la sandía, así como la vendimia y el cierre del año con la recogida de la aceituna.

De esta forma, ha agradecido a Manuel González Ramos su colaboración desde el momento en el que tomó posesión como representante del Gobierno de España en la región y ha destacado la importancia de la coordinación entre las administraciones ya que “yendo todos juntos hacemos las cosas mejor”.

En el tema que se ha abordado hoy en la Comisión, ha recalcado, se trata de “garantizar los derechos de los ciudadanos”, en concreto, de los agricultores y ganaderos y los trabajadores asalariados en el campo.

El consejero de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha recordado que en la región existen 120.000 empresarios agrícolas y ganaderos y una cuarta parte de ellos cotizan como autónomos en la Seguridad Social en el sistema especial agrario y, entre todos, se contratarán a “unos 40.000 asalariados cada año en campañas”.

De lo que se trata es de “garantizar os derechos de todos esos trabajadores”, desde todas las perspectivas y “para eso contamos con la encomiable ayuda de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que garantizan la seguridad en el campo, la de todos los ciudadanos que viven en el campo y particularmente los derechos en este caso de los trabajadores asalariados”, ha indicado.

En la región, ha expresado Francisco Martínez Arroyo, los profesionales del sector “cumplen la normativa legal para poder contratar a los trabajadores”, pero “si hay algún agricultor o ganadero que en Castilla-La Mancha no cumple con los requisitos legales de cotización a la Seguridad Social, de garantía de todos los derechos de todos los trabajadores, de dar a los trabajadores el alojamiento digno que deben tener, a ese agricultor y ganadero hay que desterrarlo de campo en Castilla-La Mancha”.

En este sentido, ha indicado que “en Castilla-La Mancha queremos agricultores y ganaderos que realmente nos hagan sentir orgullosos de ser la región más representativa” en productos tales como el ajo, la cebolla o el pistacho, “en los que nadie nos ganas gracias a los agricultores y ganaderos que cumplen”.

Así, ha manifestado su total compromiso con los trabajadores que acuden al campo castellano-manchego “a ayudarnos a ser la región más competitiva en el sector agroalimentario”.

Necesidad de un convenio regional entre empleadores y empleados del sector agrario

Francisco Martínez Arroyo ha trasladado en el encuentro la necesidad de poner en marcha un convenio regional en el sector, para empleadores y empleados. “Ha pasado el momento de hacer convenios provinciales”, ha dicho, insistiendo en que ambas partes merecen que se dé este paso por las organizaciones y la patronal agraria para que “hacer lo mismo en cualquier provincia de la región tenga las mismas condiciones” y así “garantizar derechos iguales para todos independientemente de donde se situé la explotación en la que trabajan”.

Ha recordado que la Administración regional lleva tiempo trabajando en este sentido, pero son las organizaciones agrarias y los sindicatos quienes “deben sentarse en la mesa”, y ha añadido que “la vendimia es una buena oportunidad para empezar”.

Nos encontramos, ha explicado, en una “buena situación”, con un sector que “genera más riqueza y más renta” y esta situación “debe repercutir en todos los eslabones de la cadena y en la calidad de vida de las personas que nos ayudan a que seamos una potencia agroalimentaria”.