REGIÓN

CLM ampliará hasta los dos kilómetros la distancia de instalación de granjas a los núcleos urbanos

Irene González Moreno | Domingo 22 de julio de 2018

Castilla-La Mancha será la primera Comunidad Autónoma en ampliar hasta los dos kilómetros la distancia para la instalación de las granjas de producción de los núcleos urbanos a través de un decreto que verá la luz en septiembre de este año.

Así lo ha anunciado esta semana el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha explicado que desde el Gobierno regional se está cambiando la normativa existente duplicando así la distancia que hasta el momento regula el Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo, que marca en un kilómetro la separación de estas explotaciones respecto a la población.

En el decreto, que se publicará en septiembre de este año, se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha y, entre sus novedades, se encuentra que las explotaciones de porcino de más de 33 UGM de nueva instalación o ampliaciones de las ya existentes, además de lo requerido en la normativa básica estatal, no podrán situarse a una distancia inferior a 2.000 metros de suelo urbano residencial.

DECRETO

El nuevo decreto que se publicará en septiembre “amplía la distancia y resuelve en la práctica la preocupación de la mayor parte de los ciudadanos y de la mayor parte de los municipios al respecto”, ha dicho.

A esta medida, se le une, además, la existente en política ambiental, que es “muy estricta”. Todos los expedientes de instalaciones porcinas que se analizan y que llegan avalados por los Ayuntamiento hasta la Viceconsejería de Medio Ambiente, “como cualquier otro proyecto empresarial que se quiera poner en marcha en la región”, ha explicado, “tienen condicionantes ambientales muy exigentes y lo sabes perfectamente las empresas”.

Asimismo, ha declarado que “donde no se quiera una granja de porcino, al igual que cualquier otro proyecto empresarial, los ayuntamientos tienen la potestad de retirar el proyecto como órgano sustantivo y no habría ni que analizarlo desde el punto de vista ambiental”.

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