La Junta presenta al TSJCM la nueva ley para personas con discapacidad

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, se ha reunido este lunes con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Vicente Rouco, con el objetivo de lograr "la mejor coordinación" entre ambos organismos ante la futura Ley de Protección y Apoyo Garantizado para personas con Discapacidad "antes de su tramitación parlamentaria" y después de haber sido aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno.

Según ha asegurado la consejera, la "coordinación con el poder judicial es fundamental en el objeto de esta ley" porque da una respuesta "distinta" a la tutela judicial, como venía ocurriendo hasta ahora.

Es "otro punto de vista", ha añadido, porque permitirá "agotar al máximo sus posibilidades", de forma que puedan comunicarse con el juez de manera directa.

"A veces los jueces nos dicen que cuando tienen que iniciar una tutela ni siquiera pueden tener una entrevista con la persona discapacitada, sino sólo con los futuros tutores, y esta ley permite que esa persona, con el apoyo de un mediador, pueda decidir en la medida de sus capacidades, sobre su futuro", ha explicado Aurelia Sánchez.

De este modo, la nueva ley será una alternativa a la tutela judicial actual y es "fundamental que los jueces puedan conocerla", sobre todo en el ámbito civil.

En Castilla-La Mancha hay 1.200 personas tuteladas y cada año hay unas 250 más, según los datos ofrecidos por la Consejería de Bienestar Social, y lo que se pretende con esta ley es dar "otra posibilidad" a las familias al dejar por escrito cómo será el futuro de las personas con discapacidad. Un "documento similar" al testamento de últimas voluntades creado en el ámbito sanitario de nuestra región.

En ese documento se recogerán todas las consideraciones que tendrán "que ser respetadas por todos", ha asegurado Sánchez, y que se registrará para el futuro en la Fundación Sociosanitaria de Castilla-la Mancha.

La consejera ha recordado que la Comunidad Autónoma es pionera con esta ley a nivel internacional, que viene acompañada de presupuesto y de nuevos recursos, ya que se crearán plazas de atención especializada.

En la región hay en estos momentos 140.000 personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por cierto, pero sólo el 25 de ellas --unas 36.000-- tienen una incapacidad para tomar decisiones, esas son la población "diana e inmediata" de esta ley, ha finalizado.