El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado una ampliación de 1.000 unidades en el número de plazas públicas especializadas para la atención a personas con discapacidad hasta el final de la presente legislatura, comenzando con un primer refuerzo de 400 plazas a lo largo del presente 2018.
Así lo ha adelantado el presidente del Ejecutivo castellano-manchego
durante el acto de firma de una serie de protocolos de colaboración entre el Gobierno regional y diferentes entidades sociales que desarrollan programas a favor de personas con discapacidad; un acto en el que, entre otros, también han participado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez; y la presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI), Cristina Gómez Palomo.
El presidente autonómico ha subrayado los esfuerzos que se vienen realizando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha para “ensanchar el marco social”, aprovechando la coyuntura de crecimiento económico, e impulsar en paralelo la consolidación del Tercer Sector Social, dentro del marco normativo autonómico.
En este sentido, García-Page ha expresado su deseo de que las empresas y entidades que desarrollan su labor en la atención a las personas con discapacidad se constituyan en “un bloque lo más homogéneo y concertado posible, con una dinámica y sector económico” propios, lo que servirá para combatir futuribles “catarros” financieros y sus consecuencias sobre la prestación de servicios a las personas con discapacidad.
“El sector social, además de tener alma, tiene una razón de tipo económico. Este sector tiene que reivindicar su parte alícuota en la economía y en el empleo”, ha hecho hincapié el presidente de Castila-La Mancha quien, además, ha matizado que, en nuestra comunidad autónoma, podría llegar a significar un elemento “diferencial” para alentar la creación de empleo, riqueza y crecimiento de población.