García-Page defiende el Plan de Infraestructuras Sociales como una aplicación justa de los derechos vinculados a la Constitución Española
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado hoy
la puesta en funcionamiento del Plan de Infraestructuras Sociales Horizonte 2020 con el que su Gobierno “pondrá orden en la reconstrucción social, y alma y corazón a la gestión pública”. Un plan del que se beneficiarán más de 250.000 castellano-manchegos, y que supone “una aplicación justa de la Constitución” en un año en que además celebra su 40º Aniversario.
Durante la presentación del plan, que ha tenido lugar este viernes en el toledano Palacio de Fuensalida en un acto en el que ha estado acompañado por la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y el director provincial de Bienestar Social, Gregorio Gómez, el presidente castellano-manchego ha puesto el acento en el “aspecto social” de la Carta Magna, que Castilla-La Mancha impulsará a través del desarrollo de esta iniciativa dotada con 42 millones de euros.
De esta forma, ha señalado, “hacemos una aportación más al apuntalamiento social de nuestra Constitución”, que se verá complementada con la próxima negociación con todos los partidos políticos de la región para abordar la reforma del Estatuto de Autonomía, “una modificación que se hará para blindar los derechos económicos, sociales y territoriales de Castilla-La Mancha, pero nunca a favor de un partido en concreto”, ha comprometido.
Según ha explicado el presidente, este Plan de Infraestructuras Sociales que impulsará la generación de más de 4.000 puestos de trabajo, se estructura en cuatro grandes ejes que tienen como objetivo común “resolver” el éxito de una sociedad que ha conseguido que España “sea el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo”.
Así, el plan contempla grandes reformas para la adaptación y accesibilidad de residencias de mayores, la “indispensable” apertura de los 122 centros que se quedaron paralizados en 2011 bajo el mandato del anterior Ejecutivo -recursos totalmente equipados en muchos de los casos y listos para ser abiertos-, más de 300 inversiones para reformas y equipamientos en centros de atención a mayores, menores y personas con discapacidad, y la construcción de un centro asistencial en cada una de las provincias. Unas medidas con las que se contribuirá también a evitar el despoblamiento, ya que “buena parte de nuestros centros son la principal empresa de una comarca y frenan esta situación”.
A juicio de García-Page, este nuevo plan “significa un acto de justicia” y persigue que la política social en infraestructura “vuelva al sitio del que no tenía que haber salido con la crisis”, una crisis que convirtió a las políticas sociales y a sus profesionales en los “culpables” de la misma “cuando sólo eran sus víctimas”, ha lamentado.
RAPIDEZ Y CELERIDAD
Por otro lado, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha incidido en que lo más importante de este programa “son sus datos”, con un gran número de actuaciones que se llevarán a cabo en los próximos tres años. “Hemos aplicado mucha rapidez y celeridad en las decisiones de este plan”, ha añadido García-Page, que posibilitará asimismo el impulso otras 2.000 plazas más con financiación pública para personas mayores antes de 2020.
De esta manera, se sigue impulsando la estrategia de incremento de plazas residenciales que comenzó con la legislatura, un tiempo en que se han puesto en marcha 2.000 plazas nuevas para personas mayores. Así, Castilla-La Mancha llegará a 2020 con 17.000 plazas residenciales de carácter público, ha señalado el presidente.
“Podemos presumir de tener una región avanzada en derechos sociales y solidaridad, y de contar con un plan que se nos quedará corto, por lo que iremos definiendo nuevos objetivos”, ha apuntado el presidente antes de recordar que la región contará, en este mismo año, con la Ley del Tercer Sector “que será bandera en España”, y la Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad, una medida que confía sea aprobada “por unanimidad” y se acabe convirtiendo en un “artículo concreto” del futuro Estatuto de Autonomía.