La Voz del Tajo / EP CLM | Sábado 03 de febrero de 2018
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha subrayado que el presupuesto del Gobierno de Emiliano García-Page destinado a las entidades locales de la región se ha incrementado, desde el inicio de la legislatura, un 64 por ciento, lo que permitirá que este año se destinen un total de 225,7 millones de euros a las corporaciones locales.
Ruiz Molina ha indicado que el incremento de recursos para las entidades locales ha sido concretamente de 88 millones de euros, con respecto al presupuesto de 2015, el último del anterior Ejecutivo.
En este punto, ha puesto en valor la diferencia con respecto al Gobierno anterior, "que recortó un 72 por ciento la financiación a las entidades locales en la pasada legislatura, pasando de 489 millones de euros presupuestados en 2011 a 137 que presupuestó en 2015".
Por el contrario, el aumento de la financiación a las entidades locales es "una constante" en la presente legislatura y, concretamente, respecto al año pasado se ha incrementado un 15 por ciento, lo que supone contar con 30,1 millones de euros más que en 2017.
Por tanto, ha añadido Ruiz Molina, el apoyo del Ejecutivo de García-Page a las entidades locales "es incuestionable" por su reflejo presupuestario y el objetivo es seguir "gestionando el presupuesto de la Junta con nuestros mejores colaboradores, que son las corporaciones locales".
SE DUPLICA PARA EL ESTADO DEL BIENESTAR
Además, analizando el presupuesto para entidades locales por políticas de gasto "se pone de manifiesto que se ha duplicado la financiación de aquellas políticas orientadas a la recuperación del Estado de bienestar y a la creación de empleo y riqueza".
De esta forma, se ha pasado de los 96,5 millones de euros que se destinaban en 2015 a esas políticas de gasto a los 197,4 millones que se destinan en este ejercicio, es decir, 100 millones más.
Y de esos 197,4 millones, 102,6 son para financiar actuaciones de los ayuntamientos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales y los 94,8 millones restantes para políticas orientadas al desarrollo económico y a la creación de empleo.
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