La portavoz del equipo de Gobierno, María Rodríguez ha anunciado que se activará el Decreto de Alcaldía sobre la eliminación del Grupo Municipal de Ciudadanos y el paso de los concejales expulsados a no adscritos, y que la decisión del juez que desestima el recurso presentado por dos concejales expulsados de Ciudadanos, Jonatan Bermejo y Montaña Palacios -que ha publicado en primicia La Voz del Tajo- no afectará a sus derechos ni al organigrama del Ayuntamiento.
En rueda de prensa, Rodríguez ha dicho que al Ayuntamiento no ha llegado "ninguna notificación" de ninguna sentencia y que en cuanto se reciba esa notificación del juzgado, “el alcalde volverá a decretar lo mismo que ya dispuso con fecha 29 de mayo de este año, con el mismo texto que el juez no dejó llevarlo a efecto porque dictó medidas cautelares".
LA NO DEFENSA DEL AYUNTAMIENTO
A preguntas de los periodistas sobre por qué el Ayuntamiento no designó ni abogado ni procurador en el procedimiento -como destaca el juez en su resolución-, Rodríguez ha aseverado que “esto es algo de partidos en lo que el Ayuntamiento no va a entrar ni va a salir. Es algo que tienen que resolver estos dos concejales con su partido político que es quien les ha expulsado”. Además incide en que “tenemos todos los días muchas sentencias y en unas nos defendemos y en otras no. Si vemos que no tienen sentido, es absurdo gastar dinero y presentar defensa y procurador”.
La portavoz ha incidido en que no siente ningún sentido “presentarnos en un procedimiento para finalmente hacer lo que desde el 29 de mayo íbamos a haber hecho que es presentar la suspensión del Grupo Municipal Ciudadanos·.
MANTENDRAN LAS DELEGACIONES
Rodríguez ha explicado que si bien se extinguirá el grupo Ciudadanos, "esto no afecta a los derechos de los concejales. Tampoco influye "en la delegación que el alcalde pueda hacer en cualquiera de los concejales del Ayuntamiento, por lo tanto las áreas delegadas en marzo no sufren variación".
TRANSFUGUISMO
Sobre si trata de un caso de transfuguismo, Rodríguez ha opinado que en España “no existe una ley antitransfuguismo, sí que había un pacto que el PSOE rompió”, por tanto se ha preguntado en base a qué hay que considerarlo como transfuguismo.”