Irene González Moreno | Miércoles 23 de abril de 2014
El agente José Manuel V. ha asumido su error, pero no acepta que este hecho le suponga una multa de cuatro años de cárcel y otros ocho de inhabilitación, cuatro que plantea la Fiscalía y la acusación particular y otros cuatro que pide la acusación por prevaricación. El policía sancionó a un matrimonio en agosto de 2008 mientras patrullaba con un compañero por la calle Las Mimosas (Urbanización de El Chaparral Bajo), después de escuchar un claxon sonando de manera prolongada. El vehículo era una furgoneta que conducía su vecina Nieves M.R. y, según manifestó en el juicio le bastó con identificarla visualmente para tramitarla una falta grave por el ruido molesto y sin justificación, por lo que se basó en el Código de Circulación para formalizar la sanción. Su error fue no apuntar la matrícula ni detener la marcha de la furgoneta para comunicar la multa al presunto responsable. Al rellenar el expediente sancionador, el agente accedió al padrón de vehículos para obtener la matrícula del vehículo con el que se cometió la sanción sirviéndose de la filiación de la presunta infractora y su marido, Juan Carlos O.C.
Los datos que apuntó fueron los de una furgoneta similar a la que vio a las dos personas. Sin embargo, este vehículo se encontraba en un concesionario talaverano desde hacía más de un mes, ya que era imposible que al mismo tiempo estuviera circulando y así lo ratificó el responsable del centro de automóviles. Este testigo también corroboró que al dejar esta furgoneta le fue entregada al matrimonio otra pero con distinta matricula y color a la de la multa. Por su parte, los multados señalaron que las malas relaciones personales con el policía fueron la causa de la multa, aunque el agente lo negó y afirmó que era la primera que les imponía en su carrera profesional. Tanto su compañero de patrulla como dos vecinos de lugar respaldaron la versión del policía en lo que respecta a la infracción, aunque no pudieron identificar el vehículo desde el que se produjo. De esta forma, la Fiscalía se basa en la equivocación para acusarle de falsedad en documento oficial.
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