El recién nombrado presidente de la Confederación Hidrolócia del Tajo, Juan Carlos de Cea, -tras el cese de Miguel Antolín, este viernes- es quien bajo las órdenes de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, ha aprobado una cesión de derechos “entre particulares”.
En nota de prensa, la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha explicado que el último trasvase es una cesión de agua entre particulares, para cuya autorización se ha pedido informe a la Abogacía del Estado, "que no ha encontrado motivos para negarlo".
Esa cesión entre particulares es "posible y legal", apunta en nota de prensa, para agregar que la autorización de la Dirección General del Agua "es preceptiva por ser entre cuencas distintas, pero no hay ningún motivo legal que permitiera no autorizar la cesión" y que "no se trata en ningún caso de un trasvase".
En resumen, indica que se ha cumplido la Ley y que la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente "ha actuado dentro de lo que la ley le permite, autorizando una cesión acordada entre particulares contra la cual no había ningún argumento técnico. Así lo establecen los informes solicitados, entre ellos a la Abogacía del Estado".
Pero el Gobierno de Mariano Rajoy nada comenta sobre el hecho de que este trasvase incumpla el Real Decreto de septiembre de 2014, así como la Ley Evaluación Ambiental de 2013 que elevó de 240 a 400 hectómetros cúbicos el umbral por debajo del cual no se pueden aprobar trasvases hasta 2020.
CLM PIDE EXPLICACIONES
La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha denunciado un nuevo trasvase perpetrado del Tajo al Segura y que ha considerado que se es “un ataque directo y realizado con alevosía, con premeditación y con nocturnidad por parte del Gobierno nacional y de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT)”.
García Élez ha continuado diciendo que “pedimos y exigimos explicaciones al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y a la CHT porque no se entiende que con los pantanos y en esta situación se lleve a cabo, y de una forma ilegal, un ataque así a los intereses de Castila-La Mancha”.