La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Talavera ha dado hoy luz verde a la adjudicación del servicio de transporte urbano de viajeros a la empresa Lugo y Castromil SAU (Monbus), con un canon anual de 1.830.000 euros, “lo que supondrá un ahorro de 100.000 euros al año”, según ha informado en rueda de prensa la portavoz municipal, María Rodríguez.
La adjudicación del servicio, a cuyo concurso se han presentado cuatro empresas además de la adjudicataria, no ha estado exenta de polémica. Avanza-Eborabus, que ha sido la que ha gestionado el mismo los últimos 24 años, presumiblemente ejercerá su derecho a recurrir dicha adjudicación.
En rueda de prensa, Rodríguez ha asegurado que ambas empresas trabajaran conjuntamente “durante un tiempo” como periodo de transición, algo que puede quedar en el aire si finalmente se recurre la adjudicación por parte de la empresa talaverana.
Hay que recordar que los propios trabajadores de Eborabus afirman que los informes para que sea Monbus la adjudicataria, se basan en una serie de criterios técnicos y valoraciones con los que no están de acuerdo y reclaman que las autoridades municipales velen por su seguridad laboral a dicha concesión.
POLÉMICAS
La empresa anunciaba que dejada de prestar servicio en varias líneas de Castilla-La Mancha que Fomento debía haber sacado a concurso y no lo ha hecho: la línea Alcázar-Cuenca; un autobús que conecta a 14 localidades de las provincias de Ciudad Real y Cuenca; y la línea Cuenca-Valencia.
A este respecto, la empresa gallega señalaba el pasado 21 de agosto, en declaraciones a Radio Azul, que “podrá dejar de prestar servicio en cualquier momento”, y que “podrán quedar afectados los tráficos autonómicos que son deficitarios”, aunque no detallan qué rutas. Desde Monbus insisten en que la empresa no tiene necesidad de estar soportando importantes pérdidas económicas.
Sobre las negociaciones con el Ministerio, aseguran que se encuentran en el mismo punto que estaban el mes pasado y continúan buscando una alternativa.
La polémica también ha salpicado a su gerente llegó a ser imputado en 2015 en el marco de la denominada 'Operación Cóndor', en la que se investigaban presuntos delitos fiscales y tráficos de influencias.