Este jueves La Voz del Tajo publicaba una información sobre la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se daba la razón a la APOVATA (asociación cuya finalidad es la de proteger a los propietarios de bienes rústicos, urbanos y urbanizables, del incremento desmesurado del IBI) en la que desestima la solicitud de anulación de la Ponencia de Valores, pero da la razón a APOVATA en cuanto a la propuesta segunda y para ello tiene en cuenta principalmente la sentencia del Tribunal Supremo de 30/05/2014. La sentencia, en resumen, decreta que todo el suelo que el POM de 2010 clasificó como urbanizable es rústico a efectos catastrales.
El abogado de APOVATA, Javier González de Rivera, en declaraciones a La Voz del Tajo ha querido señalar que “parece mentira que quien debe velar por los dineros públicos esté tan desnortado” en relación con las declaraciones del concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Talavera, Arturo Castillo, en las que aseguraba que esta sentencia es “un varapalo para la asociación”.
González de Rivera ha recordado que “En el año 2012 se aprobó la Ponencia de Valores que nosotros estamos recurriendo y desde 2013 hasta el año 2015 1.900 hectáreas del término de Talavera fueron catalogadas como urbanizables con el consiguiente impuesto del IBI como urbanas. Desde 2015, se ha reducido esa cantidad por parte del Consistorio a 720 hectáreas en base a la famosa sentencia del Tribunal Supremo en relación con Badajoz. Tras la sentencia reciente de la Audiencia Nacional, en consecuencia, el Ayuntamiento tendrá que devolver el dinero cobrado de más a las 1.900 hectáreas entre 2013 y 2015 y a las 720 desde ese año hasta la actualidad, sea mucho o sea poco, añadiéndoles las plusvalías que se hayan cobrado si se han producido transmisiones de alguna de ellas, puesto que los terrenos rústicos no están sujetos a ese impuesto”.
Pero el abogado abunda más respecto de las palabras del concejal aludiendo a los recibos actualmente en circulación “¿insistirá el edil en cobrar los recibos que ya ha generado instando a los propietarios a acudir a los Tribunales o retirará esos recibos a la vista de la Sentencia de la Audiencia Nacional que ha reconocido que conoce? En caso de seguir con la intención del cobro actual prácticamente obligará a nuestros asociados a pleitear, con lo que será responsable de colapsar más aún los Juzgados, ya que habrá un número más que importante de causas a plantear para defender nuestros intereses”.
La sentencia de la Audiencia Nacional que se ha conocido este miércoles supone la desaparición del impuesto de Plusvalía de los terrenos que cumplan con lo señalado; básicamente todos los clasificados como urbanizables, de tal manera, que cualquier propietario que haya pagado plusvalías por la transmisión de terrenos urbanizables, a partir de 2012, tiene derecho a la devolución de lo pagado.
Además, a partir de ahora, salvo limitadísimas excepciones, los terrenos urbanizables, será clasificados a efectos IBI como rústicos. En consecuencia, todos aquellos terrenos urbanizables que hubieran pagado IBI como urbano en algún ejercicio desd