La Junta y los sindicatos están abordando la integración de siete colectivos de funcionarios y la reubicación de otros tres antes de comenzar a negociar la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración General de la Junta, que incluye en este caso un total de 2.000 funcionarios, más del 22 por ciento de los 9.000 que conforman esta Administración.
Así lo ha señalado
CCOO en una nota de prensa en la que ha manifestado que "no tendría sentido negociar la nueva RPT dejando al margen a todos estos trabajadores; lo que llevaría a dar bandazos tratando de avanzar sin una idea clara de la globalidad de la Administración regional".
En concreto, esta negociación abordará, como paso previo, la integración en la estructura global de la Administración autonómica de siete colectivos, que suman más de 1.300 funcionarios y que hasta ahora tienen sus propias escalas al margen del resto; y la reubicación de otros tres, con otros 700 trabajadores en total que deben pasar del Grupo C al B.
En la Mesa Sectorial del Personal Funcionario, celebrada este pasado lunes, la Dirección General de Función Pública aceptó el planteamiento de CCOO, que expresó "la necesidad de integrar las escalas y llevar a cabo el desarrollo de los cuerpos pendientes de readscripción, de forma previa al debate de la RPT consejería a consejería."
La actual RPT, "que lleva pendiente de reorganización al menos desde 2005 y que el actual Gobierno y los sindicatos han decidido renegociar globalmente a partir del próximo mes de septiembre, contempla las escalas de sanitarios locales --544 funcionarios--, archivos, bibliotecas y museos -171-, educativa -68-, sociosanitaria -234-, de Prevención de riesgos laborales -57-, de sistemas y tecnología de la información -200- y superior de letrados --30--, las cuales "permanecen como islas apartadas del resto, lo que limita sus posibilidades de movilidad y de carrera profesional, circunscrita la de cada cual a su propia escala", apunta CCOO.
Por su parte, los cuerpos de agentes medioambientales -490 personas-, administrativos TIC -200- y técnicos de prevención -5-, adscritos ahora al grupo C, deben pasar al B, "tal y como marca la Ley 4/2011, un cambio que supone una mejora económica de unos 120 euros para cada uno de los afectados", ha recalcado el sindicato.