Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad una Proposición no de Ley de los socialistas que insta al Consejo de Gobierno a aprobar un protocolo con entidades sin ánimo de lucro que trabajan para garantizar los derechos de las personas castellano-manchegas en situación de privación de libertad en centros penitenciarios extranjeros -35 personas actualmente- y que puedan cumplir sus penas en prisiones de España y de la región.
Esta Proposición no de Ley, que ha recibido el voto favorable de Podemos y PP, "muestra su parecer favorable" para que el Gobierno central lleve a cabo acciones para garantizar el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos españoles presos en las cárceles extranjeras y el traslado en el marco de los acuerdos bilaterales.
En caso de no existir estos acuerdos, el Parlamento castellano-manchego demanda que se realicen acuerdos diplomáticos individualizados entre España y el Estado de cumplimiento de condena para que puedan cumplir el resto de la condena en cárceles españolas, y en el caso de los ciudadanos castellano-manchegos dentro de la región.
CONTENIDO DE LA PNL
El presidente de la Asociación +34 ha expresado su satisfacción personal porque las Cortes de Castilla-La Mancha hayan expresado su apoyo unánime a la PNL, que se muestra a favor de que el Gobierno de la nación “lleve a cabo las acciones oportunas para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas presas en las cárceles extranjeras y el traslado en el marco de acuerdos bilaterales”.
En segundo lugar, la proposición dice que “en caso de no existir dichos acuerdos, se realicen acuerdos diplomáticos individualizados entre España y el Estado sobre cumplimiento de condena, para que puedan cumplir el resto de la condena en cárceles de nuestro país y, preferentemente, dentro de nuestra Comunidad”.
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN
En su segundo punto, la PNL recoge que las Cortes de Castilla-La Mancha “instan al Consejo de Gobierno a aprobar un protocolo de colaboración, con dotación de fondos para actuaciones asistenciales, con las entidades sin ánimo de lucro que trabajan para garantizar los derechos y la calidad de vida de las personas castellano-manchegas en situación de privación de libertad en centros penitenciarios extranjeros”.
Finalmente recoge que “para el mejor cumplimiento de esta finalidad y evitar duplicidades en las actuaciones a estas personas, las Cortes de Castilla-La Mancha muestra su parecer favorable a la colaboración de las entidades estatales que desarrollan similares programas, y en especial el Servicio Exterior del Estado, para obtener el mejor conocimiento de las situaciones personales a que se deben atender”.