La Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos, Concesionarios y Afines de la Provincia de Toledo, integrada en FEDETO y presidida por María de los Ángeles Martínez Hurtado fue constituida 1998 con la finalidad de defender y representar los derechos e intereses de los empresarios del sector de la provincia de Toledo. Desde ese momento uno de sus principales objetivos es la lucha contra la competencia desleal que padece el sector y que se ha visto acrecentada durante los años de la crisis económica. La representatividad de la Asociación supera, en estos momentos, el 75% del sector de talleres y el 90% de los concesionarios en la provincia de Toledo.
A pesar de no existir cifras oficiales, la asociación estima en un 20% de los talleres operativos que trabajan sin las licencias pertinentes y por tanto en régimen de economía sumergida. Esto significa que no poseen los permisos reglamentarios, carecen de las informaciones técnicas de los vehículos que reparan, no cumplen las normativas de seguridad vial ni laboral ni medioambiental de residuos, no emiten factura por sus servicios, no ofrecen garantía por las reparaciones realizadas y no pagan impuestos ni cotizan a la Seguridad Social.
Desde 2016, la Asociación y FEDETO, en colaboración con las asociaciones de talleres y concesionarios de las otras provincias de Castilla-La Mancha ha liderado una campaña contra esta situación de economía sumergida manteniendo reuniones con los candidatos del PP y del PSOE trasladándoles las propuestas del sector en este sentido, en concreto: una mayor coordinación entre las distintas administraciones públicas para perseguir la actividad de los talleres ilegales.
También mantuvo una con el Director General de Industria a quién se trasladó la preocupación del sector por la economía sumergida. Posteriormente la reunión se mantuvo con el Viceconsejero de Medio Ambiente para informar del nulo tratamiento que hacen de los residuos los talleres ilegales y la necesidad de sancionarlos. Otra de las reuniones mantenidas a lo largo de este tiempo fue con el Director General de Salud Pública y Consumo, con el objeto de abordar la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios de la región, ausente en el caso de los talleres ilegales que no ofrecen ninguna garantía a este colectivo. A la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, se le puso de manifiesto la preocupación del sector frente a la proliferación de talleres clandestinos, abordándose otros temas como la venta de vehículos en la vía pública y la necesidad de ayudas para los talleres legales para la compra de vehículos y maquinaria industrial más eficiente energéticamente. Con la Federación Española de Municipios y Provincias se mantuvo un encuentro para solicitar de los ayuntamientos el control de la venta de vehículos en la vía pública, promulgar ordenanzas en este sentido prohibiéndola y la colaboración de todos los Ayuntamientos en la lucha activa contra la competencia desleal.
Ya en 2017 la Asociación y FEDETO se reunieron con el Director General de Salud Pública y Consumo y posteriormente con el Coordinador Regional de Consumo y el Jefe de Servicio de Consumo solicitando su colaboración en la lucha contra los talleres ilegales. También se mantuvieron reuniones con distintos Ayuntamientos, entre otros los de Polán, Nambroca, Navahermosa y Torrijos para coordinar actuaciones en la detección y denuncia de los talleres que actúan ilegalmente.
Todas estas reuniones arrojaron como resultado: el apoyo de todas las administraciones en la lucha contra la economía sumergida. Finalmente, este conjunto de reuniones culminaron ayer en una reunión más con el subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Toledo en la que participaron la presidenta de la asociación María de los Ángeles Martínez Hurtado (también vicepresidenta de FEDETO), Marisa Nevado, coordinadora de la Asociación y Manuel Madruga, Secretario General de FEDETO. En este caso con el Subdelegado del Gobierno de España en la Provincia de Toledo, para darle a conocer todas estas actuaciones y solicitar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como de la Inspección de Trabajo y la Inspección de Hacienda para acabar con esta lacra que, al margen de la legalidad vigente podrían estar cometiendo infracciones administrativas e incluso delitos contra la hacienda Pública, los Derechos de los Trabajadores, contra la seguridad vial, de receptación (venta de piezas de coches robados) estafa y otros. A tales efectos, se solicitó la colaboración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, la coordinación de las distintas Administraciones Públicas competentes, a través de la subdelegación del Gobierno y compartir la información de los resultados obtenidos. El Subdelegado el Gobierno mostró todo su apoyo al sector y puso a disposición de esta campaña iniciada por la asociación los medios disponibles. La asociación y FEDETO agradecen la implicación del subdelegado del gobierno y se comprometen a seguir trabajando de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado en la lucha contra la economía sumergida.
Cerrada toda esta ronda de reuniones, por su parte la Asociación se ha comprometido a crear una vía de denuncia anónimas mediante llamada o e-mail y un buzón de denuncias compartido y coordinado con la Asociación nacional CETRAA. Todas estas denuncias, sin constar el nombre del denunciante, se trasladarán a través de la Asociación a la autoridad administrativa o judicial competente. De momento la asociación puede anunciar que a lo largo de 2016 y 2017 ya han sido denunciados 55 talleres ilegales, 20 de ellos en domicilios particulares, actuando en municipios como: Los Yébenes, Nambroca, Villa D. Fadrique, Marjaliza, Toledo, Polán, Ontígola, Yuncler, Yuncos, Talavera de la Reina y Madridejos.
La asociación y FEDETO seguirán luchado coordinadas con las demás asociaciones del sector en otras provincias para erradicar este mal endémico que asola al sector y agradece la colaboración de las distintas administraciones públicas en la lucha contra los talleres ilegales que perjudican la economía, las arcas del estado, de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos, que es un riesgo para la seguridad vial y posible origen de la comisión de ilícitos administrativos y penales.