El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado este jueves que no descarta que Castilla-La Mancha pueda tener unos nuevos presupuestos para este año 2017 tras el rechazo que obtuvo el pasado 7 de abril el Proyecto de Ley presentado por la Junta y, en esta línea, ha apuntado que "tiene todo el sentido común" abreviar los tiempos para tramitar el mismo.
Así se ha pronunciado Ruiz Molina a preguntas de los medios tras la reunión que ha mantenido con el sindicato de CSIF para trasladarles los repercusiones que va a tener la no aprobación de los presupuestos en el sector de los empleados públicos y en el conjunto de la sociedad castellano-manchega.
"Siempre estamos a tiempo de presentar un proyecto de presupuestos", ha apuntado el consejero, que ha asegurado que no descarta que una nueva tramitación de los mismos se pudiera llevar a cabo este año 2017. No obstante, ha recalcado: "Primero vamos a hacer ronda con todos los agentes sociales y después tomaremos la decisión que mejor beneficia a intereses de los ciudadanos".
Asimismo, Ruiz Molina ha admitido que la propuesta que lanzó el diputado regional de Podemos, David Llorente, en su artículo de opinión sobre una nueva tramitación más abreviada de los presupuestos --sin intervención de los consejeros para explicar las partidas de cada Consejería--, "tiene todo el sentido común en el sentido de que ya se hizo", aunque ha recalcado que esta función corresponde a la Mesa de las Cortes regionales.
"ESTÁN CONDENADOS A ENTENDERSE"
Por su parte, el presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, ha solicitado en su reunión con el consejero que el Gobierno regional "reinicie o empiece" el diálogo sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma con Podemos, y también el PP, porque está "convencido de que tiene que haber un acuerdo" ya que los tres partidos están "condenados a entenderse".
"Cada uno tiene su responsabilidad, el partido que gobierna la tiene, Podemos también, y el PP, que aunque pueda ser lógica su postura, a nivel nacional si se está preocupando mucho de formar un gobierno, por lo que en Castilla-La Mancha tienen que tener miras más amplias y no ser partidistas", ha aseverado el líder de CSIF en la región.
"Salgo optimista. Lo que no se puede dar en estos tiempos son estos cruces de declaraciones. Aquí ha faltado comunicación, hay que retomarlo y empezar con el diálogo", ha señalado Retamosa al tiempo que ha resaltado que "hay que apelar a la responsabilidad de los políticos".
En este sentido, ha advertido que el partido que no aprueba los presupuestos, "lo va a tener muy mal ya que está jugando con la sanidad, la educación y otros servicios", por lo que ha considerado que "sería una irresponsabilidad absoluta" que no se alcanzara un acuerdo para poder aprobarlos.
Retamosa ha explicado que no han asistido a la reunión con el consejero de Hacienda para "quejarse", sino para "buscar salidas, porque esto no puede estar por más tiempo así". "Castilla-La Mancha es una de las regiones más pobres de Europa, no se puede permitir perder 500 millones de euros", ha añadido el presidente sindical.
MODIFICACIONES PARA CUMPLIR CON EL INCREMENTO SALARIAL
Sobre las cuestiones que han abordado en esta reunión, Ruiz Molina ha precisado que con el rechazo a los presupuestos en la región y la previsible aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno regional tendrá que modificar partidas presupuestarias con la prórroga del presupuestos de 2016 para poder hacer frente a la subida salarial del 1 por ciento que contempla los PGE.
En este sentido, ha lamentado "las dificultades" que afirma va a encontrar el Ejecutivo autonómico para realizar estas modificaciones, con la que tienen que hacer frente también a la Oferta de Empleo Público (OEP) para empleados de la Administración prevista para este año, y para la que terminaba este jueves el proceso de promoción interna.
Además, ha advertido cómo afectará también esto a "la calidad de la función pública" y las futuras convocatorias de OEP tras el acuerdo de eliminar la tasa de reposición de los funcionarios públicos.