El exalcalde 'popular' de Toledo José Manuel Molina ha llegado a los juzgados de la ciudad este miércoles para prestar declaración por la posible comisión
de un presunto delito de prevaricación en la concesión y ejecución en 2007 de un contrato de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr, que, según el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, se realizó como contrapartida a una donación.
El ex regidor toledano ha accedido a los juzgados de la capital a las 10.30 horas y ha asegurado, a los medios allí congregados, que no quería hacer declaraciones al respecto.
De su lado, el exconcejal Fernando Sanz y el exconcejal de Hacienda del Consistorio toledano, Lamberto García Pineda, -miembros de su antiguo equipo de Gobierno en aquel momento- han llegado a los juzgados antes que José Manuel Molina y tampoco han realizado declaraciones a los medios.
El Juzgado de Instrucción Número 3 de Toledo ha citado a declarar este miércoles a estas tres personas, según consta en la diligencias previas, recogidas por Europa Press, puesto que en marzo de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se inhibió a favor de los Juzgados de Toledo para que investigaran la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución del citado contrato de basuras.
Lo hacía en un auto por el que el magistrado transformaba las actuaciones sobre la contabilidad B del PP en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, y en el que acordaba incoar una pieza separada sobre el contrato de basuras que se llevó a cabo, según Bárcenas, a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña a la presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 remitió estas pesquisas al juzgado decano de Toledo ante la "falta de conexidad suficiente" con la causa de 'los papeles de Bárcenas' dado que el propio extesorero desvinculó el caso de Toledo de las supuestas aportaciones económicas recibidas por Sacyr en la "mecánica de funcionamiento de la caja B" del Partido Popular.
Además, tendrán que declarar el 1 de marzo de 2017 por la misma causa los ex ediles María José Rivas, Fernando Fernández, María Paz Ruiz y Fernando Cirujano.