El nuevo secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha cuestionado el uso que algunas comunidades autónomas hacen de los recursos adicionales del Estado que en 2012 se incorporaron al modelo de financiación autonómica para atender a las personas en situación de dependencia. Precisamente, la Conferencia de Presidentes del próximo 17 de enero debatirá sobre la gestión económica de la ley.
"El Estado aporta los fondos necesarios para cubrir la Dependencia. Habría que preguntar a las administraciones qué ha ocurrido con esos fondos", afirma el 'número dos' de Servicios Sociales del Gobierno en una entrevista con Europa Press, en la que advierte de que hay "bastante confusión" por parte de las comunidades autónomas a la hora de explicar la aplicación de la Ley de Dependencia y su financiación.
Garcés recuerda esta normativa nació sin financiación suficiente, con un 'nivel mínimo' que cubre el Estado, que asciende al 17% del conjunto de los recursos del Sistema de Dependencia, y con un 'nivel concertado' con las comunidades autónomas, que en 2012 se sustituyó por 'recursos adicionales' incondicionados, que se incluyeron en el modelo de financiación autonómica, y que, según explica, representan aproximadamente el 50% de los fondos del sistema.
"Esto quiero dejarlo muy claro: Cuando muchas comunidades autónomas dicen que el Estado no está aportando la mitad de la Dependencia, no es cierto. Esto se está haciendo a través de los recursos adicionales", subraya el secretario de Estado, para añadir que lo dice Tribunal de Cuentas en su informe de 2014, que, a su juicio, es "absolutamente impecable".
Garcés señala que los recursos adicionales del Estado se calculan en base a la estimación de personas dependientes que hace cada comunidad autónoma. A su juicio, el "problema" es que al ser estos incondicionados no llegan directamente a las conserjerías o departamentos que gestionan la Dependencia, sino que se dan a la Administración autonómica para que los distribuya.
"Cuando se acordó el modelo de financiación autonómica, los recursos adicionales fueron destinados a la Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Se entiende que tienen que ir a gastos sociales de las comunidades autónomas, pues parte de esa bolsa de recursos se calculó sobre la base de los dependientes que había en cada comunidad autónoma", asevera.
Garcés es partidario de analizar la financiación de la ley: el coste de la Dependencia, cómo funcionan los distintos niveles, cuántos dependientes hay o cuánto cuesta la atención a estas personas en cada comunidad autónoma. "Esto me parece un ejercicio de equidad", subraya, para añadir que "en función de eso, se determinará si estos recursos del Estado son adecuados y están repartidos correctamente o no".
"A mi lo que me preocupa es que lo que está aportando el Estado llegue a donde tiene que llegar. Quiero recordar que la Ley de Dependencia crea verdaderos derechos subjetivos en favor de los particulares, una ley estatal y, por lo tanto, los recursos adicionales del sistema vinculados a la dependencia, deberían ir dedicados a la dependencia", asevera.
POBREZA INFANTIL Y CAMPAÑA PARA EL ACOGIMIENTO FAMILIAR
Preguntado por los planes de su departamento para reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, que se sitúa en el 33,4%, según el indicador AROPE, el nuevo secretario de Estado apunta que en 2017 el Gobierno va a incrementar los fondos para su Plan Integral de Apoyo a la Familia, que el pasado ejercicio contó con 48 millones de euros. Asimismo, descarta la ayuda universal por hijo a cargo que exigen las ONG al Gobierno como solución para reducir la pobreza infantil.
Otro de los asuntos pendientes en su departamento, desde que en julio de 2015 se aprobara la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia, es la puesta en marcha de una campaña de sensibilización sobre el acogimiento familiar de menores que en la actualidad viven en centros.
"Nuestro compromiso, y estamos trabajando ya en ello, es lanzar campañas de publicidad desde el Ministerio para dar a conocer las posibilidades de acogimiento que se están dando en todo el país", avanza Garcés, que considera que el acogimiento es la fórmula adecuada para que todos estos niños puedan crecer en un entorno favorable.
La competencia sobre estos menores institucionalizados corresponde a las comunidades autónomas y no están contabilizados, una cuestión que el nuevo secretario de Estado quiere solucionar. "Tenemos que hacer una radiografía completa: ver la situación real y, a partir de ahí, trabajar para que los padres españoles puedan acoger a estos niños", añade.
No se plantea, de momento, elevar la edad para quitar la protección a un menor tutelado y sacarle del sistema, actualmente fijada en los 18 años, y cree que los esfuerzos de su departamento deben centrarse en incrementar la demanda de familias de acogida: "Si esto se consigue, eliminaremos el otro problema, que es el tapón que se esta produciendo cuando los niños y niñas alcanzan la mayoría de edad".