El Gobierno de Castilla-La Mancha acudirá ante los tribunales para denunciar la decisión del Gobierno de España de autorizar una reventa de derechos de agua entre la Comunidad de Regantes del Canal de Estremera y 28 comunidades de regantes integradas en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), tal y como ha anunciado hoy el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando.
Hernando ha explicado que “mientras nosotros nos vemos en la obligación de abastecer de agua potable a zonas de la provincia de Guadalajara con cinco camiones cisterna, desde el Gobierno central se ha autorizado una cesión de derechos de agua que equivale a 500 camiones cisterna, casi 8.000 millones de litros”, en lo que constituye, ha lamentado, “una maniobra especulativa, un mercadeo de derechos”.
El Gobierno regional ha tomado la decisión de impugnar este nuevo “trasvase encubierto”, según ha esgrimido el portavoz del Ejecutivo, por superar en casi un 50 por ciento el volumen máximo autorizado, según el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el articulo 345 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que establece que el volumen máximo reglamentario debe estar vinculado al volumen realmente utilizado en los últimos 5 años.
Hernando ha denunciado además la “gran presión” que esta cesión puede causar a diversos espacios de la Red Natura 2000, tanto de Madrid como de Castilla-La Mancha, tal y como se le ha hecho saber al Gobierno de España, “que decidió ignorar el informe enviado por la Consejería de Medio Ambiente y omitir las repercusiones que se podrían causar a ocho hábitats y 30 especies animales de la Red Natura 2000 comprendidos entre el embalse de Bolarque y las comunidades de regantes cedentes”.
Por otro lado, ha abundado el portavoz, “no tiene ningún sentido decir que, por un lado, es necesario invertir dinero público para que el riego sea eficaz y por otro lado decir que no es necesario y que se puede alquilar el agua que debería llegar a esa zona”. Además, ha recordado, “si el titular de esta concesión no cumple con la finalidad por la que se otorgó la misma, se debería eliminar su derecho de aprovechamiento”.
Así, ha destacado que “llama poderosamente la atención” que la Comunidad de Regantes del Canal de Estremera conozca a dos años vista el volumen susceptible de cesión, “lo que no hace más que corroborar la nula intención que esta Comunidad de Regantes tiene de utilizar íntegramente su concesión”. Asimismo, ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no haya podido acceder al expediente administrativo completo necesario para poder estudiar dicha autorización en profundidad.
En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que existe un caso muy similar en el cual el Tribunal Supremo ya ha dado la razón al planteamiento de este Gobierno y en cuya sentencia se reconoce la legitimación activa de la Junta para ser parte en los procedimientos administrativos sobre cesión de derechos respecto de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura.
CADA GOTA QUE SE TRASVASA MÄS DESEMPLEO
“Con esta decisión, el Gobierno regional vuelve a situarse al lado de los intereses de esta región en materia hídrica; y es que la mitad de los empleos que se generan en la economía castellano-manchega actual están vinculados al agua”, ha enfatizado. Tras recordar que el propio SCRATS ha reconocido que cada hectómetro cúbico supone una media de 150 puestos de trabajo, Hernando ha defendido que “el agua es empleo para Castilla-La Mancha”.
“Si hacemos una suma global, todo el agua que sale de la cuenca del Tajo podría traducirse en la creación de 40.000 empleos en la región”, ha subrayado el portavoz, quien ha incidido en que Castilla-La Mancha no quiere el canon del trasvase sino el desarrollo que posibilita el agua y los 650 millones de euros que genera, y que ha recordado que al Gobierno regional aún se le deben tres millones de euros por las compensaciones derivadas del uso de esta infraestructura.
Hernando ha mostrado la confianza del Ejecutivo regional en que se ponga fin a esta “lamentable” situación y que, por fin, “se escuchen las necesidades y demandas de Castilla-La Mancha”, la más perjudicada por este “mercadeo de derechos”, una práctica que “solamente beneficia a quienes tienen un mayor poder adquisitivo y no a los agricultores y profesionales que realmente viven del campo”, ha remarcado.