Roberto González, Abogado, ‘Controller Jurídico’ y ‘Compliance Officer’, dirige la firma de Abogados ‘Montejo & Glez. Martín’, la cual, en unión con la Firma ‘Ramos Glez. De Rivera’, han puesto en marcha un servicio especializado de ‘Cumplimiento Normativo Penal’ (criminal compliance) con el objetivo de prever, prevenir y proteger del impacto de dichos riesgos a las empresas.
La firma organizó el pasado jueves un desayuno informativo, en el Restaurante Ruiz de Luna de Talavera de la Reina, para informar sobre este servicio, a empresarios y emprendedores. Un éxito de convocatoria donde se dieron respuesta a cuestiones como: ¿En qué afecta a las empresas la reforma del Código Penal? ¿Qué tipo de delitos penales pueden darse en las empresas? ¿Cómo prevenirlos? y, en última instancia, ¿cómo evitar las responsabilidades penales para las personas jurídicas?
“Lo primero que debemos aclarar, es como hemos llegado a la conclusión de que toda persona jurídica deben elaborar un Plan de Prevención de Riesgos Penales o como también se conoce como Compliance Penal”, afirmaba Roberto al inicio de su exposición. En concreto el actual art. 31 bis del CP, ha convertido a las empresas, en “penalmente responsables, pudiendo ser responsable de hasta 26 delitos”. De ahí la importancia de estar protegidos y asesorados.
El proceso de creación de un Compliance Program requiere de conocimientos especializados en materia de derecho penal. “Por eso en nuestra firma apostamos por lo que yo llamo, el ‘círculo virtuoso’, una empresa ASESORADA, INFORMADA y JURÍDICAMENTE PROTEGIDA, “ya sean multinacionales o PYMES”.
¿Qué es un Compliance Program? Es un conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión que le permita la construcción de un cortafuegos que impida la derivación de responsabilidad de los delitos cometidos por directivos y empleados.
¿Cómo se implanta este Plan? Identificando los posibles delitos y a las personas jurídicamente responsables, creando un protocolo de actuación, formando a empleados sobre estas medidas y acometiendo acciones de seguimiento, vigilancia y control. “Es un traje a medida para las empresas”.