Irene González Moreno | Miércoles 02 de noviembre de 2016
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, José Gutiérrez, ha anunciado esta mañana la presentación de un recurso de reposición contra el acuerdo de Juta de Gobierno de 13 de octubre de este año que autoriza la instalación de una gasolinera en el barrio de la estación, a pocos metros del colegio Pablo Iglesias.
Gutiérrez ha adelantado también que “llegaremos donde haga falta, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”. Para el portavoz, se podía haber evitado conceder esta licencia, y en este sentido se ha referido al informe técnico de enero de 2013 donde se advertía de la conveniencia de cambiar la calificación del suelo en el que ahora se ha autorizado la estación de servicio.
Igualmente ha insistido en que en la autorización actual no existe ningún informe que haga referencia a la proximidad del colegio Pablo Iglesias, “algo que sí ocurre en el caso de La Solana, y que nos llama mucho la atención, porque parece que distingue entre ciudadanos de primera o de segunda, según el barrio en que vivan, y lo que es peor, entre niños de primera y segunda según el centro educativo al que asistan”.
Para Gutiérrez, todos los talaveranos deben ser iguales, “especialmente si se trata de niños”, y “es competencia municipal velar por la salubridad y la seguridad de todos. En este capítulo, el portavoz ha recordado que no existe ningún informe de la policía local, “que se debería haber solicitado, y tampoco del arquitecto-jefe, que sí lo hizo en el caso de La Solana”.
En cualquier caso, “todo ha sido un despropósito en este tema, hecho con nocturnidad, de tapadillo, con carácter de urgencia y por la puerta de atrás”. Gutiérrez ha declarado que el alcalde no ha dicho la verdad cuando aseguró que él mismo había retirado el expediente en tres ocasiones “y si la ha dicho, faltan documentos en el expediente, porque sólo consta una vez”.
Para el portavoz, viendo cómo se está llevando el tema, “está claro que ni el alcalde ni el Gobierno están del lado de los vecinos ni de la comunidad educativa afectada”.
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