La polémica saltaba cuando la Asociación de Vecinos La Milagrosa 2011, manifestaba la disconformidad con la instalación de una estación de servicio en el barrio, concretamente en el número 90 del Paseo de la Estación, en la confluencia con la Avenida de Francisco Aguirre, es decir, en la conocida como "Rotonda de La Harinera".
Una instalación de la que hasta ese momento se desconocían los detalles y que desde la asociación criticaban por “las formas del Ayuntamiento” al aprobarse por trámite urgente en Junta de Gobierno la pasada semana y figurando como “Comercio Menor de Alimentación con Estación de Servicio incorporada” y sin que se haya informado a los vecinos, “aprobándose con total oscurantismo y de tapadillo”.
Las reacciones de los distintos grupos políticos y de la empresa afectada no se han hecho esperar.
LA LEY RESPALDA A LA PROMOTA
La Voz del Tajo ha comprobado que el promotor de la estaciónde servicio, la empresa Chaparro 2012 S.L., ya ha recibido la licencia para la instalación de la estación de servicio y –consiguientemente– seguirá adelante con los trámites que, por otro lado, supondrá la contratación de entre 4 y 6 puestos de trabajo.
Hasta llegar a donde nos encontramos tuvieron que realizar distintos trámites y peticiones que han desembocado en la instalación de la estación de servicio. Algo totalmente legal que ha superado los trámites exigidos por la ley.
En primer lugar, solicitó al Ayuntamiento la expropiación de los terrenos, permisos que fueron denegados por ser considerado el terreno como ‘suelo público equipacional’.
Tras el NO, se dirigió a la Comisión Provincial de Valoración de la que obtuvo la misma negativa.
Y el último paso fue solicitárselo al Juzgado que, pese a negar la expropiación, le indicó los posibles usos alternativos que podrían darse al terreno, entre los que se encontraba el implantar una estación de servicio.
El resto de la historia ya se conoce, su aprobación en Junta Local, la denuncia pública por parte de la Asociación de Vecinos “La Milagrosa 2011’ y la polémica suscitada.
De no concederse la liencia correspondiente, el Ayuntamiento cometería un delito de prevaricación.