El pasado mes de abril desde la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) se puso en conocimiento de la Fiscalía de Castilla-La Mancha unas declaraciones hechas por el Magistrado Fernando Presencia, por si fueran constitutivos de un delito de calumnia, que fueron recogidas por un medio de comunicación en las que se atribuye al Presidente del TSJCLM, Vicente Rouco, una conducta de prevaricación judicial.
La Fiscalía general de CLM es la que debe determinar esa condición delictiva o no de las declaraciones y en este sentido, y según las informaciones a que ha tenido acceso La Voz del Tajo, la denuncia de la Fiscalía ya está presentada en los Juzgados de Talavera y se espera que en breve se dé trámite a la misma.
Concretamente el Magistrado Fernando Presencia afirmó a un medio de comunicación que le "consta" que el dirigente del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, negoció con Vicente Rouco, Presidente del TSJCLM, la paralización de un procedimiento. Se refiere el Magistrado Presencia a una querella criminal de Manos Limpias contra varias autoridades judiciales de Talavera de la Reina, que la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM inadmitió a trámite por resultar carente de fundamento, y por tanto el procedimiento ni siquiera se llegó a abrir.
En los siguientes links de la página poderjudicial.es se pueden consultar los Autos de inadmisión a trámite y posterior ratificación de la inadmisión:
Las declaraciones del Magistrado Fernando Presencia se hicieron en el contexto de una información aparecida en un medio de comunicación en las que el citado Magistrado aseguraba haber sido extorsionado por el sindicato Manos Limpias.
Según las fuentes consultadas por La Voz del Tajo, entiende el Presidente del TSJCLM que las manifestaciones hechas por el Magistrado ("que le consta que el dirigente del sindicato Manos Limpias negoció con Vicente Rouco, Presidente del TSJCLM, la paralización de un procedimiento") podrían constituir un delito de calumnia por lo que dio traslado de las mismas a la Fiscalía de Castilla-La Mancha que ahora ha presentado la denuncia ante los Juzgados de Talavera.
Cabe recordar que la falsa imputación de un delito a una autoridad por hechos concernientes al ejercicio de su cargo es perseguible de oficio (por lo que no es necesaria la interposición de querella).