El actual panorama político español es inestable. Los ciudadanos han mostrado ya de forma creciente su rechazo hacia las prácticas de los diferentes Gobiernos Centrales durante nuestra reciente historia democrática. Las nuevas tendencias sociales marcan una etapa de transición integral donde la autonomía del pensamiento frente al liderazgo institucional guía el camino hacia un revolucionario destino aplacado, en gran medida, por las heredadas durante años carencias en educación, el pisoteado juicio crítico, la dificultad de manifestación del romanticismo activista constructivo y el mal enfocado marco jurídico normativo. Es por esto que, las instituciones lideradas por las actuales fuerzas políticas se ven obligadas –o debieran– hoy a cortar la brecha y establecer puentes que permitan reducir distancias con el pueblo y el progreso. Aunque esta vez, para determinar si el puente se sostiene o no, escaños e incluso respaldo popular ya no suponen los factores determinantes de su ingeniería.
La mala praxis, derivada de un maltratado catalizador educativo, nos conduce de forma peligrosa a un movimiento político emocional desconocido y recuerden, no atemporal –el cual anteriormente sí fue deseable y oportuno aunque sin omisión del lado racional–. De ahí la corriente representada predominantemente por fuerzas políticas de izquierda alternativa. Cuyo peso en la revolución y la educación crítica es históricamente fuerte aunque algo sesgado. Donde toda desviación de lo objetivo se posee la capacidad de adentrarse enterrando un país aún más en su miseria y poniendo definitivamente a los desafiantes desconocimiento y/o falta de información en facultades suficientes de poseer legitimidad en cualquier proceso de cambio que se antoje. O al menos de reforzar el convencimiento ante la idea de posesión del mismo. Lo cual asienta –y lo hará– una amenaza capaz de poner en jaque todo sistema, su modelo de convivencia y el desarrollo en todos sus ámbitos, motivado por la carencia de liderazgo. Acrecentando la falta de transparencia y exposición de nuestros mandatarios, haciendo una realidad la hoy percibida pasividad e influencia percibida en el poder judicial y, a su vez, incrementando la participación radical en materia política. Algo que, lejos de ser positivo, en su extremo, posiciona la diversidad en las urnas en carencia de diálogo y limitaciones en las vías de solución de conflictos.