El gabinete de abogados que se ocupa de la defensa del fiscal decano de Talavera de la Reina, Angel Demetrio De la Cruz, ha anunciado a La Voz del Tajo que presentará en breve una querella contra el juez Fernando Presencia por calumnias, injurias y otros delitos. Esta querella tendrá, como paso previo, un acto de conciliación en el que se solicitará a Presencia que se retracte de las declaraciones públicas que ha vertido en numerosos medios de comunicación y haga público su retracto de las aseveraciones que ha formulado contra la persona y la labor profesional del fiscal jefe de Talavera de la Reina.
Asimismo, el abogado del fiscal –Javier González de Rivera– ha declarado a este periódico que no entiende “la falta de templanza y prudencia mostrada por una persona como Fernando Presencia, lo cual afecta sensiblemente al servicio público de Justicia, el cual no puede convertirse en un espectáculo a nivel nacional, como se ha querido hacer a través de las manifestaciones que este señor ha hecho en diversos medios de comunicación”.
González de Rivera se mostró extraordinariamente sorprendido por que “un señor con la condición de juez denuncie o se queje del actuar de todos los demás jueces que ejercen en Talavera menos de él, que denuncie o se queje de la práctica totalidad del personal que ejerce su labor profesional en los Juzgados de la Ciudad de la Cerámica, que denuncie a laFiscalía de Talavera, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a la Fiscalía provincial y de la Comunidad Autónoma, al promotor de la acción disciplinaria contra él en el Consejo General del Poder Judicial, a Magistrados del Tribunal Supremo y al propio Presidente del Alto Tribunal y no se repare en su propio comportamiento cuando está sancionado en firme por prácticas indebidas como magistrado por una infracción muy grave, que bien le podría haber acarreado la expulsión de la carrera y que sólo le supuso el traslado forzoso de Valencia a Talavera”. Esa situación es algo que no termina de explicarse el letrado defensor del fiscal, que sostiene que “no entiendo cómo le retiran del ejercicio de su labor como magistrado en Valencia y lo envían a aquí. ¿Qué hemos hecho en Talavera para que aquí sí pueda ser juez y en Valencia no?”, afirma.
En este sentido, el abogado se refiere a la sentencia firme de 30 de septiembre de 2013 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo Sección 7ª en el que se considera a Fernando Presencia –aunque en la sentencia publicada se le denomina 'D. Cipriano'– “autor responsable de una falta muy grave del artículo 417.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial” por la que se le sanciona con traslado forzoso, con prohibición de concursar durante el plazo de un año, según reza la citada sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.
A la vez González de Rivera recuerda que en esa sentencia “se abrió un expediente disciplinario a 'D. Cipriano' por la posible comisión de la falta muy grave del artículo 417.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que la incoación se hizo a propuesta del Servicio de Inspección en el marco de la información previa a que dio lugar una denuncia presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho, la cual tenía que ver, entre otros extremos, con las circunstancias en las que se impartía un Master en Administración Concursal en la Universidad Politécnica de Valencia y las designaciones de administradores concursales en su Juzgado”.
Según esa sentencia, “el Sr. Cipriano diseñó el 6 de octubre de 2010 bajo el título 'Reflexiones sobre la nueva Ley Concursal y su aplicación práctica' el programa de unas enseñanzas que se impartirían” como Master en la citada universidad. En el mismo texto se detalla que “el 30 de octubre de 2010 el Sr. Cipriano pactó con la Fundación Pro Iure la cesión de derechos de explotación de ese programa para organizar conjuntamente con el Instituto de Estudios Jurídicos y Procesales un Master en Administración Concursal en la Universidad por un precio que no se determinó en ese momento. (…) El precio de la matrícula era 12.000€ de los que Fundación y el Instituto se comprometieron a abonar a la Universidad 3.000€, luego reducidos a 2.200€. (…) El Sr. Cipriano, que no solicitó autorización de compatibilidad, intervino en el Master por designación directa de la Fundación en virtud del contrato de cesión de la explotación del programa y recibía un porcentaje económico –cuya cuantía no se ha llegado a determinar– en función del número de alumnos, en calidad de precio por dicha cesión. El acuerdo del Pleno en su su fundamento cuarto añade que “los alumnos que obtienen el Master (…) pueden ser designados y en ocasiones lo han sido, administradores en procesos concursales seguidos en el Juzgado de lo Mercantil nº NUM000 del que es titular (…). De la relación de nombramientos se desprende que 27 de los 44 alumnos del máster fueron o habían sido nombrados administradores concursales en el Juzgado del Sr. Cipriano en uno o varios concursos; y que 14 de estas designaciones se produjeron con posterioridad a la iniciación del máster (...)”.
Según relata González de Rivera, en esa sentencia “en la que curiosamente no se cita a Fernando Presencia sino que se le denomina Sr. Cipriano”, el Consejo General del Poder Judicial desestimó los recursos de “vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, la infracción del derecho a utilizar todos los medios de prueba pertinentes para defenderse, vulneración de principio de legalidad y de tipicidad de las infracciones y sanciones, infracción de los principios de independencia y exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, infracción de la presunción de inocencia y vulneración de los trámites esenciales del procedimiento de ejecución de la sanción” interpuestos por Presencia contra la misma, a la ves que confirma que “no se produjeron infracciones del procedimiento disciplinario que causaran indefensión al recurrente”.
Javier González de Rivera también ha declarado a La Voz del Tajo su estupefacción a la vista de las continuas declaraciones de Presencia porque “según lo que él dice, todos los que formamos parte del cuerpo judicial en Talavera, en la provincia, en Castilla-La Mancha y en España somos mala gente menos él. Es algo que no alcanzo a entender”.
En cuanto a las últimas declaraciones de Presencia a varios medios de comunicación continúa asegurando que desconoce “el fondo del asunto de actualidad respecto a Manos Limpias, pero me sorprende enormemente que una persona como ésta tenga especial interés en salir a los medios hablando de los demás, concretamente sobre el sindicato Manos Limpias, ya que le ha faltado tiempo para decir que le estaban extorsionando. Sorprende que denuncie una extorsión cuando a lo que se refiere es a los 80€ que corresponden a los gastos de procurador que todos los profesionales solicitan como provisión de fondos. Esto parece más un insulto a la inteligencia de toda la profesión”.
Ante todos estos elementos relatados, el letrado se muestra estupefacto “por la actuación de algunos medios de comunicación que se han hecho eco de la situación que quiere crear este juez sin realizar ningún tipo de comprobación. No sé si Presencia, actuando así, lo único que está buscando es su minuto de gloria”.
Además, confirma que “las querellas inducidas por Fernando Presencia cotra mi defendido, Angel Demetrio De la Cruz, no han sido ni siquiera admitidas a trámite, porque aún estamos a la espera de que presente algún dato, alguna prueba que sostenga la imputación de corrupción que reiteradamente está haciendo contra mi defendido”. Y continúa diciendo que “quien tendrá que enfrentarse a un juicio criminal por delito de prevaricación en el desempeño de su cargo de juez de Takavera es él, Fernando Presencia, a mediados del próximo mes de mayo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y en virtud de la querella interpuesta no por cualquier ciudadano con ganas de publicidad sino por el Fiscal Jefe de Castilla-La Mancha. A todo esto hay que añadir multitud de expedientes disciplinarios abiertos en el CGPJ por defectos en el desempeño de su cargo de juez”.