Los sindicatos de la Función Pública, -CCOO, UGT, STAS-Intersindical, FSES (ANPE y SATSE) y CSIF-, y el Gobierno regional firmaron el pasado miércoles una Resolución en la que manifiestan de forma unánime su rechazo al anuncio por parte del Ejecutivo de Rajoy de interponer recurso ante el Tribunal Constitucional contra la jornada laboral de 35 horas los empleados públicos de Castilla-La Mancha. Con ello, defienden la legalidad de la Ley Autonómica y exigen que no se tomen medidas cautelares de suspensión por la grave repercusión en determinados servicios públicos.
En este sentido, en la mañana de este jueves medio centenar de delegados concentrados en la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real para denunciar el "despropósito que supone el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes para interponer recurso de inconstitucionalidad a la jornada de 35 horas en las administraciones dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".
Durante la concentración, los representantes del sindicato han procedido a la lectura del siguiente manifiesto:
Estamos aquí, a las puertas de la representación del gobierno central, contra el despropósito de la decisión del presidente Rajoy, contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes, en el que se insta a interponer recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la Junta de Castilla –La Mancha de recuperar la jornada de 35 horas en sus Administraciones.
Rechazamos esta nueva agresión a los empleados públicos por un gobierno que, ni estando en funciones, deja de mostrarse en contra de los 68,000 empleados públicos de Castilla –La Mancha.
¿No tendrán cosas más urgentes y apremiantes que hacer en esta lamentable situación de provisionalidad?
El gobierno Cospedal se distinguió por los recortes inferidos a los trabajadores de la Junta, una grave merma del empleo público, con el consiguiente daño a la calidad de Servicios Públicos fundamentales y, ahora, esta decisión de Rajoy consolidará ese daño en los puestos de trabajo, impidiendo que se creen nuevos, además de limitar las posibilidades de conciliación de la vida familiar.
En CSI-F, como sindicato más representativo entre los empleados de la Junta, asumiendo nuestro papel y responsabilidad ante los trabajadores, iniciamos movilizaciones contra el citado Acuerdo del Consejo de Ministros de instar a la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra esta decisión del gobierno de Castilla –La Mancha para la recuperación de la jornada de 35 horas en la Administración Regional.
Esta es la primera concentración de delegados ante las subdelegaciones del gobierno en las cinco capitales de nuestra Comunidad Autónoma.
También hemos pedido reunirnos con los más altos responsables regionales del PP para intentar hacerles entrar en razón y que vean la inutilidad y el perjuicio que supondría esta medida para 68,000 trabajadores, para el empleo y los Servicios Públicos, y trasladen, al nivel que corresponda, que desistan del tamaño despropósito, que supone este nuevo ataque a los empleados públicos, funcionarios, laborales y estatutarios.
Este sindicato independiente recuerda que la modificación de la jornada laboral se hizo en 2012, con carácter excepcional y provisional y creemos que ya ha llegado el momento de ir abandonando esas políticas excepcionales de recortes; rechazamos su perpetuación.
Insistimos que volver a la jornada de 37,5 horas supondría un grave peligro para el empleo público y una indeseable merma en servicios públicos fundamentales, sobre todo en Sanidad y Servicios Sociales, que no merecemos los castellano-manchegos.
Este envite de Montoro, avalado por Rajoy, colisiona con las decisiones de gobiernos autonómicos, como el del País Vasco, distintas Universidades y otras administraciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones), que están llegando a acuerdos que recogen la jornada de las 35 horas semanales para sus empleados públicos. No entendemos este desvarío y más en esta provisionalidad del gobierno de España.
CSI·F señala que echar para atrás la única medida positiva que Page ha tomado respecto a los empleados públicos de la JCCM sería una estulticia sin justificación alguna.
Recordemos que aún se mantiene en Castilla-La Mancha la Tasa Page-Cospedal del 3%, que no se ha cobrado íntegra la extra de navidad de 2012, agravio comparativo con los trabajadores de la Administración Central, y perviven las peores ratios de la educación en España.
Todas estas injustas medidas se mantienen tras el ridículo Acuerdo firmado por el Gobierno de C-LM con sus sindicatos afines, que blinda que seamos los empleados públicos peor tratados de España.
No es momento de mirar atrás, es el momento de que todos los representantes de los trabajadores nos mostremos unidos contra esta actuación del gobierno nacional, un gobierno del PP que nos agrede incansablemente.
CSI-F empieza, en solitario, la movilización contra este nuevo ataque a los empleados de la Administración Regional, invitando a los demás sindicatos a que, en la línea del acuerdo de todos, significado en la Declaración, que hemos suscrito el 20/04/2016 en la Mesa General de Negociación, se sumen a estas movilizaciones por la defensa de los trabajadores públicos de Castilla –La Mancha.