En qué nos afecta la reforma constitucional

El último conejo de la chistera de Rodríguez Zapatero ha dejado descolocados a propios y extraños.

De hecho, el candidato de su propio partido a la elecciones del 20-N ha tenido que urgir las reuniones de sus barones para reencauzar su campaña electoral en base a la última línea escrita en el ‘cuaderno azul’ del presidente del Gobierno.

Pero vayamos al fondo de la cuestión y a lo que nos puede afectar esa reforma constitucional que parece haber aceptado, en principio, el principal Partido de la oposición.

La obligatoriedad de alcanzar el déficit cero en las Administraciones públicas, que se estirará muy probablemente cerca del 0,5%, afectará directamente a los más pequeños y dará más poder a los grandes conglomerados de poder.

De hecho, las negociaciones para reformar la Carta Magna que nos rige desde 1978 deben pasar por escuchar –y ‘obligatoriamente’ atender– las súplicas de los nacionalistas catalanes y vascos, que entonarán su eterno lamento de “yo pongo mucho y me dais muy poco”.

Estaremos como siempre, o peor incluso.
¿Por qué? Porque según la propuesta de Zapatero, los ayuntamientos deberán cumplir el déficit cero a partir de 2020. Esto implica que el endeudamiento que ahora tienen las Administraciones locales y provinciales tendrá que desaparecer paulatinamente pero no se contempla, en principio, que se les aporte una financiación suficiente desde el Estado para atender las necesidades más perentorias, más cercanas, de los ciudadanos.

Porque todos los grandes proyectos –cuando llegan, y hacia aquí hace mucho que no miran desde Madrid– cambian la fisonomía de las ciudades y comarcas, pero lo que está claro es que la operatividad de los municipios decaerá estrepitosamente. Se convertirán en recaudadores sin posibilidad de emprender proyectos propios. Aunque, mirado así, siempre tendremos la excusa de mirar al Ayuntamiento de Gallardón para decirle a quien mande que ‘él primero’.