El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando ha celebrado que con esta publicación se ponga punto y final a uno de los “capítulos más negros” que afecta a la transparencia de la política española.
Redacción La Voz del Tajo | Miércoles 16 de marzo de 2016
El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra que el Consejo de Seguridad Nuclear haga públicos los informes que desaconsejan la instalación del ATC en “Villar de Cañas y celebra que por fin se vaya a poner fin a “uno de los capítulos más negros en cuanto a la transparencia de la política española”. Así lo ha expresado Nacho Hernando que asegura que esta “excelente noticia” supone la rectificación de un “error de fondo” en la forma de hacer política y de ejercer la transparencia con un tema tan importante como es la seguridad nacional.
Asimismo, Hernando ha destacado como el Gobierno regional ya había alertado sobre este “problema gravísimo” y de que había informes críticos que no se podían ocultar. “Críticos en el sentido de importancia, absolutamente relevantes e importantes, y en el sentido de que eran contrarios a la opinión no técnica, a la opinión política de la señora Cospedal y del ministro Soria", ha indicado.
Nacho Hernando ha recordado que esta "opinión política" iba en contra de lo que los informes técnicos y de lo que el Gobierno de Castilla-La Mancha venía diciendo desde este verano, "que era que no podíamos cometer una irresponsabilidad de situar un almacén nuclear, un cementerio nuclear, en un sitio donde los expertos dicen que es una soberana irresponsabilidad y una chapuza”.
El portavoz del Gobierno ha criticado que desde el inicio del proceso "se ha intentado todo tipo de trampas” dando luz verde a un Plan de Ordenación Municipal “sabiendo que si no se podía mover el cementerio nuclear, había que mover el cementerio de las personas”.
Asimismo, Hernando asegura que a raíz de la publicación de los informes se dé por zanjado el debate y exige a los responsables políticos que han promovido la instalación del ATC en Villar de Cañas que pidan perdón "por haber antepuesto sus intereses políticos a los informes técnicos que velan por la seguridad de este país”.
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