El Ayuntamiento de Talavera ha tomado conocimiento de la no admisión a trámite del recurso de amparo que se presentó contra la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2015, en la que no se admitía el recurso de casación presentado contra la anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 5 de abril de 2013 sobre determinación de justiprecio expropiatorio en la Plaza Juan de Herrera (ubicada entre la Cañada de Alfares y la zona peatonal de San Francisco), tal y como anunció la portavoz municipal, María Rodríguez, tras tomar conocimiento en la Junta de Gobierno Local.
Dicha sentencia obliga al Consistorio a abonar alrededor de 4 millones de euros por la expropiación del solar de esta plaza de 801,98 metros cuadrados. En el importe total se incluye el valor real que se ha estimado de la superficie, los intereses devengados y las costas que se arrastran desde que se iniciara el procedimiento.
Para satisfacer la deuda el Gobierno están barajando la posibilidad de vender parcelas de propiedad municipal -con el expediente en la Oficialía Mayor- y conseguir los fondos necesarios, aunque según señaló el concejal de Economía y Hacienda, Arturo Castillo, en caso de que no pueda llevarse a cabo finalmente se recurrirá a una modificación presupuestaria y se solicitará un préstamo por ese valor. Anteriormente, y durante al menos cuatro veces, la propiedad rechazó la opción de la permuta, es decir, obtener terrenos por valor de la cantidad que fijaba el Supremo.
La portavoz municipal manifestó que “se hizo mal” y criticó que “no se llegó a acuerdos con la propiedad cuando se debería y quizá ahora no nos habríamos visto en la cuerda floja”. Hay que recordar que en el caso UCOTA (expropiación del parque de los Tres Olivos), el Supremo si dio la razón al Consistorio, pero no sucedió lo mismo con la expropiación del lugar que ahora ocupa la terraza del Birrete.
ANTECEDENTES. Este tema se remonta a noviembre de 2008, bajo gobierno del socialista José Francisco Rivas, cuando no se alcanzó un acuerdo en la expropiación de la plaza y los entonces tres propietarios acudieron a la justicia al considerar insuficiente el justiprecio que cifró el Jurado Regional de Valoraciones en 642.000 euros. El siguiente paso fue la valoración del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que dictó que ese precio era de 3.175.712,91 euros. Ya durante gobierno del popular Gonzalo Lago, en 2013, se presentó recurso de casación ante el Supremo y ahora, en 2016, vuelve a no admitir el recurso de amparo que se presentó el 12 de junio de 2015, como última instancia. Aunque en origen eran tres los beneficiarios, tras algunos fallecimientos y las consecuentes herencias, el número de propietarios es ahora de entre 12 y 15 personas, apuntó Rodríguez.