El agua trasvasada al Segura en los últimos siete meses equivale al abastecimiento humano de las cinco capitales regionales durante dos años.
Redacción La Voz del Tajo | Jueves 18 de febrero de 2016
La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha comparecido hoy ante el Pleno de las Cortes regionales a petición del grupo socialista para informar sobre política general en materia de agua, marcada en los primeros meses del mandato por los recursos presentados ante los trasvases autorizados por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, quien ha firmado derivaciones por un total de 75 hectómetros cúbicos desde el Tajo al Segura.
La consejera ha afirmado que el agua que sale de forma reiterativa de la cuenca del Tajo podría traducirse en la creación de 40.000 empleos en la región si no se transportase, la misma cifra en la que evalúan el impacto de la derivación en la cuenca receptora. De la Cruz ha subrayado en el turno de réplica que el Ejecutivo regional no quiere el canon del trasvase, sino el desarrollo que posibilita y los 650 millones de euros que genera en varios sectores el agua del Tajo. “Queremos el mismo derecho al desarrollo económico a través del agua. Queremos justicia”, ha dicho.
De la Cruz ha aludido a la importancia de la cifra, puesto que los 75 hectómetros cúbicos trasvasados equivalen al consumo humano de las cinco capitales de provincia de la región durante dos años. También ha hecho mención al problema que se puede producir ante el abuso en las derivaciones, ya que “si los trasvases siguen siendo indiscriminados no habrá agua para nadie”, aventurando que “se avecinan nuevos trasvases” al haber superado hoy los embalses de cabecera los 400 hectómetros cúbicos almacenados.
La titular de Fomento ha defendido ante la Cámara la postura del Gobierno regional tras los seis recursos presentados ante la Audiencia Nacional contra los trasvases aprobados en nivel 3 por el Ministerio. La Junta de Comunidades trabaja en el séptimo recurso a la derivación firmada por Tejerina la pasada semana. También en los recursos contencioso-administrativos contra los Planes Hidrológicos de Tajo, Júcar, Segura y Guadiana, que los servicios jurídicos y técnicos preparan para elevar ante el Tribunal Supremo.
La consejera ha subrayado que “nosotros entendemos que el umbral mínimo para no trasvasar es de 400 hectómetros cúbicos”, cifra establecida tras “la mal llamada paz del agua”, que “ha dado seguridad, pero para que se siga llevando el agua del Tajo”. La consejera ha recordado a los parlamentarios regionales que el propio Ministerio reconoció en marzo de 2014 que los embalses de cabecera superaban los 900 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que situaba directamente “la línea roja” para no trasvasar en 400 hectómetros cúbicos y no en los actuales 336 que ha fijado el Gobierno de España con posterioridad “en una interpretación de la ley muy cuestionable”. Ese límite ha sido transgredido de manera reiterativa por el Ministerio en los trasvases firmados desde el verano.
También ha informado que el Ejecutivo autonómico está solicitando a la Audiencia Nacional el planteamiento de una cuestión prejudicial para su remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al entender que las órdenes de aprobación de los trasvases y las reglas de explotación del mismo “podrían suponer una vulneración de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitats”, entre otras normas europeas.
En relación a los recursos, De la Cruz ha afirmado que “no pretendemos judicializar la política”, aunque “únicamente podemos recurrir a los tribunales para solicitar amparo ante esta situación” que “hipoteca de los derechos de los castellano-manchegos” y quebranta sus derechos, ya que la región carece de voz en las decisiones que se adoptan en el seno de la Comisión de Explotación del trasvase, en la que “Castilla-La Mancha ha dejado de estar presente”.
A su juicio, el agotamiento medioambiental del Tajo y la dependencia que tienen los regantes levantinos de una cuenca que, como en la situación actual, padece una severa sequía, aconsejan que “en el futuro se busquen soluciones alternativas” permanentes y estables “como la desalación”, algo que prevé difícil mientras el agua del trasvase siga “siendo mucho más barata porque está subvencionada por todos los contribuyentes”.
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